DISCUTE SCJN COMPETENCIA MILITAR EN DELITOS CONTRA CIVILES.
La Corte de Justicia deberá resolver la competencia de juzgados militares y civiles en delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer lunes la discusión y el análisis de algunos casos mediante los que resolverá sobre la competencia de juzgados militares y civiles en delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.
El Pleno de la SCJN discutirá el conflicto competencial ente el Juzgado 5 de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado 5 Militar, adscrito a la I Región Militar, que se rehusaron a conocer el caso de un civil torturado y asesinado en instalaciones militares.
En el proyecto, presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero en el conflicto competencial 38/2012, se informó que el caso se refiere a una causa penal contra un militar, por su probable responsabilidad en el delito de violencia contra las personas, en calidad de encubridor de primera clase.
Las fuerzas armadas en México tienen otro estatus legal y jurídico, y eso es muy espinoso.
El 1 de mayo de 2011, la víctima, un civil, estaba en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde presumiblemente fue torturado por dos tenientes de infantería, lo que le ocasionó la muerte.
Los dos tenientes informaron de los hechos al inculpado, un militar con grado de coronel de infantería y quien se encontraba en las instalaciones vestido de civil y presumiblemente franco, quien dio la orden de que se tirara el cuerpo de la víctima.
Esa conducta se calificó como encubrimiento, porque teniendo conocimiento de un hecho delictivo no lo denunció, sino que dispuso que tiraran el cadáver, conducta que realizó cuando presumiblemente se encontraba disfrutando de franquicia.
La suprema corte de justicia deberá dictaminar sobre este asunto.
En este caso, el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, dio por concluida la sesión para que se recabaran mayores elementos del caso, ya que en un juzgado federal desde el 30 de abril otorgó la protección de la justicia federal al procesado y se tendría que conocer sobre la firmeza de esa resolución.
Así que a partir de ayer los ministros Juan N. Silva Meza, Luis María Aguilar, José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Guillermo Ignacio Ortiz Mayagoitia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga María del Carmen Sánchez-Cordero Dávila, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, y Sergio Armando Valls Hernández, deberán dictaminar sobre este espinoso asunto, sin miedo y apegados a la justicia, resolución que podría marcar un serio e importante precedente en Mexico.
Con información de Notimex.
