Washington.- El gobierno del presidente Barack Obama confirmó hoy que evitará impugnar ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de una corte federal contrario a los alivios migratorios dictados por el Ejecutivo a fines de 2014.
Por el contrario, la Casa Blanca se concentrará en respaldar las medidas en una audiencia programada para el 6 de julio en la Corte de Apelaciones de Nueva Orléans, Louisiana, donde todos los jueces del tribunal tiene previsto estudiar el caso, informó mediante un comunicado el departamento de Justicia.
El 26 de mayo dos de los tres magistrados del panel de la sureña urbe embargaron las esperanzas de unas cinco millones de personas indocumentadas al posponer la entrada en vigor de las medidas ejecutivas que los beneficiarían.
Ante el inmovilismo del Congreso para adoptar una reforma migratoria integral, el 20 de noviembre de 2014 Obama firmó órdenes ejecutivas a fin de componer en lo posible el quebrado sistema migratorio donde aguardan por la legalización unas 11 millones de personas.
Los dictámenes del mandatario buscan mediante un «programa de acción diferida», amparar de manera temporal a los adultos sin papeles con hijos residentes o que sean ciudadanos de Estados Unidos, conocido por su sigla en inglés DAPA, a fin de evitar su deportación.
Otra decisión pretende hacer lo mismo con los denominados dreamers, jóvenes llegados al país siendo niños (DACA).
Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan
Según el departamento de Seguridad Nacional, estos programas benefician a unos cinco millones de indocumentados.
Sin embargo, el 16 de febrero el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, decidió congelar las órdenes del gobernante y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones, lo cual fue mantenido por el tribunal de Nueva Orléans.
La administración demócrata defiende que sus medidas en inmigración no son en modo alguno inconstitucionales y se ha mostrado optimista en varias oportunidades acerca del futuro de las mismas.
