El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, indicó que debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas con México, los funcionarios de la embajada del país mexicano “deben retirarse” y “salir del territorio nacional”. “Obviamente, lo mismo va a ocurrir con los funcionarios peruanos”, aclaró en diálogo con Canal N.
De acuerdo al canciller, el cónsul de Perú se mantendrán y viceversa, ya que esa es “una relación de otro tipo, destinada fundamentalmente a proteger y ayudar a los peruanos en México, que es algo de lo cual obviamente tenemos mucho interés”.
Hugo de Zela reconoció que el impacto de esta decisión será negativo. “La relación normal entre países es con embajadas que desarrollan una serie de actividades de relacionamiento entre los dos países que tienen que ver con muchos ámbitos, con el ámbito político, económico, comercial, etc. Todo eso se va a ver lamentablemente afectado”, explicó en entrevista con el medio.
Para el canciller, “no queda otro remedio dada la posición que ha tomado al gobierno mexicano”. Como se sabe, la gestión de Claudia Sheinbaum otorgó asilo diplomático a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien se encuentra investigada por presunta rebelión en el marco del fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
Hugo de Zela anunció que el gobierno peruano está analizando la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez, lo que permitiría su salida del país, a raíz de la solicitud formal de las autoridades mexicanas.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la revisión del caso se realiza bajo los estándares de la Convención sobre Asilo Diplomático, tratado que regula las obligaciones de los Estados ante casos como el de la expremier.
Perú ha solicitado un análisis jurídico detallado para determinar de forma precisa la aplicación del tratado antes de definir una postura oficial. El canciller señaló que esperan los resultados de este informe para tomar una decisión.
El diplomático indicó que la calificación sobre la naturaleza política o común del delito por el que se procesa a Chávez corresponde solamente al Estado asilante, en este caso México, país que ya ha comunicado su decisión y ha pedido oficialmente el salvoconducto. El proceso contempla dos etapas: primero, la concesión de asilo y luego, la evaluación por parte de Perú para la emisión del salvoconducto.
Respecto a acusaciones de persecución política, De Zela negó rotundamente que este sea el caso de la extitular de la PCM o del expresidente Pedro Castillo. Indicó que ambos enfrentan procesos judiciales con respeto al debido proceso y bajo supervisión de veedores internacionales. Recalcó que el Estado peruano actúa conforme a la ley y sin motivaciones políticas.
También mencionó que la solicitud de asilo y el pedido de salvoconducto representan una intromisión política de México en asuntos internos peruanos, motivada —según su visión— por consideraciones ideológicas. Subrayó que Perú mantendrá el respeto al derecho internacional, pero tomará una decisión basada en su marco jurídico y en la correcta interpretación de sus obligaciones internacionales.
