En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 18 de abril, por 8 votos a favor y 3 en contra, los Ministros declararon inconstitucional diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano.
Estos ordenamientos jurídicos y sobre todo el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, facultaron al Titular del Poder Ejecutivo a transferir la operatividad y administración de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fue el Ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá, quien presentó el proyecto de sentencia, en donde manifestó a sus pares que las reformas de diversas leyes que fueron impugnadas por la minoría de la Cámara de Senadores mediante una acción de inconstitucionalidad, en el año 2022, era fundada y que en consecuencia procedía declarar inconstitucional diversos artículos de las leyes comentadas y sobre todo el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, fundó su determinación en lo que dispone el artículo 21 Constitucional en su párrafo noveno que al efecto dice: “Las Instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Reformas aprobadas el 26 de marzo del año 2019.
Por otro lado, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que: A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: “Fracción IV. Manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que define la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. Reforma legal aprobada en el mes de septiembre del año 2022. Precepto que se contradice con la Reforma Constitucional.
En consecuencia de lo anterior y toda vez el vicio de inconstitucionalidad tanto de preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, se declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los ocho Ministros que apoyaron el proyecto propuesto por González Alcántara Carranca son: Ana Margarita Ríos Farjat (quien fue propuesta por AMLO), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayan, Luís María Aguilar Morales, Javier Laínez Potisek, y por supuesto la Presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández.
Es de destacar, la intervención del Ministro Javier Laínez Potisek, quien expuso que las reformas que fueron declaradas inconstitucionales, provocaban un fraude a la Constitución, y vaciaban al artículo 21 de nuestra Carta Magna de contenido jurídico, convirtiéndose este en un precepto sin ningún valor ni respeto.
Los Ministros que votaron en contra del proyecto y que de tal manera la opinión pública ya los considera como Morenistas radicales, se encuentran el ex Presidente de la Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; la llamada Ministra espuria Yasmín Esquivel Mossa y la cercana a AMLO Loretta Ortiz Ahlf.
El Ministro Arturo Zaldívar, se puso en el papel del Abogado del Diablo, al defender lo indefendible y entre sus argumentos mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional en su funcionamiento tiene el carácter de Organismo Civil y dependiente del Presidente de la República; que la operatividad y administración de la Guardia Nacional por parte de la SEDENA, no le daba plenas facultades al ejército para controlar y manejar a la Guardia Nacional; conceptos que fueron sumamente criticados por juristas y medios de comunicación.
En el Pleno de la Corte se trató de aclarar la diferencia entre seguridad nacional que le corresponde al Ejército Mexicano; con la seguridad pública que es competencia exclusiva de un organismo civil hoy denominado Guardia Nacional. Que el ejército mexicano esta únicamente preparado para combatir y derrotar al enemigo, en el caso de una guerra extranjera o en una invasión al territorio nacional; pero no está preparado para proteger a la población del crimen organizado y que en consecuencia se violentan derechos humanos en su ejercicio y desempeño.
También se dijo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha pronunciado diversas sentencias en contra del estado mexicano, por lo que se refiere al uso de la fuerza y las arbitrariedades que comete el ejercito mexicano en contra de particulares. Sentencias que son vinculatorias por pertenecer México a la Organización de Estados Americanos (OEA).
De igual manera el Pleno de la Corte determinó la inconstitucionalidad de la actuación de los Ministerios Públicos y Jueces Militares, cuando ordenan la intervención de comunicaciones privadas entre particulares civiles, así como los cateos a dichas personas, sino existe de por medio autorización de un Juez del Fuero Común (No militar).
A final de cuentas, Constitucionalistas mexicanos han señalado que este es un fallo histórico de la Corte y que delimita perfectamente la división de poderes que deben existir en México.
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al expresar su inconformidad con la sentencia de la corte, prometió en una de sus mañaneras, que en el mes de septiembre del próximo año 2024, antes de que entregue el poder, va a presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional, a efecto de que la Guardia Nacional vuelva a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, confiando que el próximo año su partido político, va a lograr obtener la mayoría calificada en ambas Cámaras en el Congreso de la Unión.
M.D. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ORTEGA.
