Pese a que vecinos de la colonia Patria Nueva, localizada en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, denunciaron hace dos meses la posibilidad de ser desalojadas injustamente y solicitar la intervención de las autoridades gubernamentales, estas familias continúan a la espera de recibir certeza jurídica sobre su patrimonio.
El caso data de 1981, cuando los vecinos compraron sus terrenos a Enrique Jiménez Rodríguez, por un precio que oscilaba entre los 10 mil y 13 mil pesos; sin embargo, en el año 2009 comenzaron a desalojar a algunas familias. Varias de las familias desalojadas habían construido su casa a lo largo de todos esos años, quedando en la calle.
En entrevista, la líder social al sur de la ciudad, Rosario Sánchez Hernández, explicó que el problema radica en que los diversos apoderados legales de Enrique Jiménez Rodríguez han revendido varias veces las propiedades, y esta vez pretendían hacerlo nuevamente, por eso comenzaron a desalojar a las familias.
Nosotros reprobamos que no se castigue penalmente los responsables de este tipo de acciones delictivas y hemos anunciado que vamos a apoyar legalmente a las familias que tiene este problema, afirmó la regidora antorchista.
Es este contexto, los afectados señalaron que las autoridades municipales los canalizaron con la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado, y urgieron una pronta solución para tranquilidad y seguridad de sus familias.
El caso más reciente se presentó hace tres meses, cuando José Delgado Serrano regresó de trabajar a su casa donde había vivido por más de 20 años: halló en la puerta una chapa que no correspondía con la llave que había utilizado durante décadas para ingresar a su domicilio. Al interior de su casa no había rastro de los muebles ni de los aparatos electrodomésticos que había comparado gracias a su trabajo de años.
Además, su vivienda fue destruida parcialmente; le arrancaron el techo, ventanas y puertas dañando seriamente la construcción. Pidió apoyo a los vecinos y ahora comienza de nuevo.
Este tipo de injusticias son las que hicieron que los vecinos rompieran el silencio y tras tocar varias puertas, el Movimiento Antorchista poblano los ha ayudado legalmente para evitar que se sigan cometiendo estas violaciones contra las más de 300 familias de Patria Nueva. Actualmente 150 tienen orden de desalojo, y a por lo menos 10 ya se las han cumplido.
