Ante la ola de violencia desatada en el estado de Puebla y en vísperas a las elecciones federales, como Observatorio Electoral Ciudadano presentamos por escrito al Consejo General del INE, en la ciudad de México, la solicitud para la intervención de las fuerzas federales en los comicios del 7 de junio, señalaron integrantes de Movimiento Alternativa Social.
Se pidió el ingreso del Ejército Mexicano y la Policía federal en cinco distritos: Tepeaca, Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán y Puebla; lugares donde la violencia ya derivó en cobrar una vida, daño moral, físico y en daños en el patrimonio de algunos ciudadanos.
Esto a raíz del asesinato del coordinador de campaña del candidato del PRI, en Chignahuapan, Salvador Méndez Morales, que fue el acto que empañó las elecciones en Puebla.
Sin embargo, el Observatorio detectó en estos mismos cuatro distritos que la policía municipal y estatal opera para la elección de la mano de grupos de choque, hay compra de votos en casas particulares, se distribuyen despenas y material de construcción, se utiliza a las dependencias estatales como garrote político para fortalecer a los candidatos del morenovallismo.
Las agresiones iniciaron el pasado 16 de abril, cuando un grupo de pistoleros balearon la casa de Yolanda Pacheco, candidata suplente del PRI a la diputación federal por el Distrito 16.
Ese mismo día, además, quemaron la camioneta de Alfonso Flores, líder del Movimiento Antorchita en Ajalpan. Los responsables fueron gatilleros al servicio de caciques de la Sierra Negra.
Posteriormente, vinieron las amenazas e intimidaciones a Nancy de la Sierra, candidata a diputada federal por el distrito de Teziutlán, quien tuvo que contratar seguridad privada para garantizar su integridad física.
Días después, el candidato priista a diputado federal por el distrito 7 de Tepeaca, Alejandro Armenta Mier denunció que fue víctima de agresiones físicas e intimidaciones por parte de elementos de la Policía Estatal, quienes detuvieron al grupo de automóviles de su equipo de campaña en el entronque de la autopista.
Apenas el 24 de mayo, un reportero de nombre Oxmar Márquez Rodríguez fue golpeado en el rostro por policías auxiliares que además le robaron dinero en efectivo, un teléfono celular y una cámara de video, cuando cubría un operativo contra negocios en la ciudad de Zacapoaxtla.
Estos fueron los argumentos que el Observatorio Electoral Ciudadano presentó ante el INE, en la capital del país, que tiene por objetivo garantizar la elección en los distritos mencionados, considerados por este organismo civil como “focos rojos de inseguridad”.
También nos pronunciamos porque se investigue a fondo el asesinado de Salvador Méndez, pues resulta poco creíble el dictamen de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado en el caso.
La PGJ informó a través de un comunicado que el asesinato del priista en Chignahuapan fue por un asunto personal y no político.
Sin embargo, nos llamó la atención que se haya traslado el titular de la Procuraduría, Víctor Carrancá Bourget, por el “asesinato electoral” en Chignahuapan, cuando no ocurrió lo mismo con el caso Chalchihuapan.
La solicitud de la intervención de las fuerzas federales en Puebla fue presentada por su servidor y Ricardo Jiménez Ávila.
El oficio se entregó la tarde de este martes 2 de junio, en las oficinas del organismo en la ciudad de México.
Además pedimos que los gobiernos estatal y municipal se abstengan de participar con su policía en la seguridad del proceso electoral federal, ya que han sido estos cuerpos policíacos utilizados para minar la paz que se requiere para incentivar la participación ciudadana.
Seguimos observando la tentación de funcionarios públicos por utilizar su espacio de influencia para inclinar la preferencia electoral a favor de sus candidatos.
