Baja California. Integrantes de la Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha demandaron al gobierno de Mexicali, en Baja California, frenar las agresiones contra los antorchistas de la entidad y la liberación de cuatro personas detenidas tras el desalojo violento de este jueves, entre ellos de Dióscoro Carrasco, líder en el municipio de la organización.
En conferencia de prensa, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, el diputado federal Jesús Tolentino Román e Ignacio Acosta, líder en BC, se pronunciaron en contra de la política represora implementada por el presidente panista de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa.
El pasado jueves, los antorchistas de la entidad realizaban un mitin frente a Palacio Municipal -sin obstruir los accesos principales- en demanda de que la autoridad atendiera diversas necesidades, entre ellas la introducción de drenaje, luz eléctrica y agua potable. Sin embargo, lejos de soluciones, la autoridad ordenó desalojar a los manifestantes, y en el proceso detuvo a activistas del antorchismo.
Acosta Montes explicó que en ningún momento se afectó las actividades del municipio, y la protesta obedeció a que desde hace meses se presentó un pliego de necesidades, pero que a la fecha no han sido atendidas, esto a pesar de que en los «Miércoles ciudadano» han acudido contingentes para reiterar la necesidad de que se atiendan las demandas.
Homero Aguirre Enríquez dejó en claro que el antorchismo nacional exige a las autoridades locales liberar a los detenidos, frenar la política represiva y atender las demandas que beneficiarán a miles de familias.
«Vamos a poner en conocimiento de la autoridad estatal, a hablar con el gobierno del estado para decirle que aquí, en Baja California, no se use la ley como garrote contra la gente que lucha socialmente», destacó. De la misma forma, anunció que Antorcha exhibirá los atropellos, y a partir de este lunes realizarán movilizaciones, porque «es un agravio delicado, es agredir a un grupo de mexicanos por atreverse a encabezar a un grupo de ciudadanos, acusados de ultrajar a la autoridad».
En tanto, el diputado federal Tolentino Román Bojórquez adelantó que el próximo lunes en la Cámara de Diputados propondrán «un punto de acuerdo para que se investigue estos lamentables acontecimientos y para exigir libertad inmediata a nuestros compañeros». Y calificó la actitud de Jaime Díaz Ochoa como grave, pues en vez de atender las demandas sociales, se agrede a los ciudadanos.
