Fiscalización ciudadana a los gobiernos
Afortunadamente y ante el escenario de opacidad, corrupción e impunidad que impera en el sistema gubernamental e institucional del país como una constante que se ha fortalecido y expandido a lo largo de la historia mexicana entre los diferentes niveles de gobierno, hoy la creación de la Fiscalía Anticorrupción es el centro de atención para las autoridades en función y la agenda del Presidente electo, Enrique Peña Nieto.
La opinión publicada y pública cada vez se interesan más en el tema, debaten, cuestionan y exponen sus puntos de vista sobre las propuestas al respecto y con ello, coadyuvan a lograr mejores planteamientos con los que se profundice y especifiquen las reformas a aprobar.
Se han expuesto diversos puntos en contra para la creación de esta comisión, argumentando que se duplicarán funciones con la existencia de otras dependencias y que se debilitará su autoridad y margen de acción, al igual que se ha puesto en duda la conformación de sus integrantes y la imparcialidad con que investigará a los tres niveles de gobierno y Poderes de la Unión sin reserva alguna.
No obstante, el gobierno de la república entrante tiene como prioridad vigilar y sancionar con mucha mayor eficacia a quienes trabajan y forman parte del tejido gubernamental mediante esta Fiscalía Anticorrupción, que de manera autónoma y con la intervención de la ciudadanía que la conforme, castigue de acuerdo a la ley a los responsables sin fuero de por medio.
Pues a pesar de la existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y los organismos de fiscalización superior de los estados, con la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción no sólo se revisará, vigilará y turnará a los propios poderes Legislativo y Judicial sino que ahora se sancionará de forma directa y autónoma sin intermediarios y sin ser juez y parte.
Porque no es posible evaluar a los integrantes de los órganos públicos desde adentro, con la intervención de las propias autoridades y pasando por alto actos que están fuera de la ley y dándole preferencia a quienes gozan de cargos superiores, a quienes pagan fianzas ilícitamente y gozan de algún tipo de parentesco o relación amistosa.
Por ello, la prioridad de que sea una comisión ciudadana la que conforme la fiscalía, lejos de alguna inclinación partidista, los favoritismos que conlleva el relacionarse con las autoridades del fuero y hasta de tener la intención de contender por algún cargo público.
Finalmente, el proyecto de la siguiente administración tiene interés en combatir la corrupción, incrementar la transparencia de los recursos públicos y diseñar nuevos conductos para la vigilancia social sobre el buen uso y el destino atinado del dinero público.
En materia de transparencia el objetivo es dar autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y seguir pugnando por la construcción de esa política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas, así como la creación del organismo autónomo que regulará la relación comercial entre los medios de comunicación y el gobierno federal.
En este tenor, el camino está marcado y la sociedad mexicana se encuentra preparada para desenmascarar a quienes basan su trabajo con malos manejos administrativos, a quienes corrompen la ley y se benefician del erario público.
La ciudadanía hoy más que nunca exige y merece una política completa en materia de corrupción y transparencia con la que se reconstruya un sistema de gobierno honesto, abierto y eficaz, pues solo de esta forma se podrá combatir de raíz este problema que lacera a la sociedad y detiene el crecimiento económico, político, social y cultural del país.
