Altepexi, Puebla. Ex trabajadores de la maquiladora Rahel denunciaron que entre las múltiples violaciones a la ley laboral y a los derechos humanos que practicaba esta textilera, sobresale la explotación infantil.
Esta y otras arbitrariedades salieron a la luz pública cuando el dueño -Nissim Tourkya- cerró la maquiladora, dejando en la calle a más de 200 trabajadores que carecían de todo derecho laboral dentro de la misma, entre ellos tres menores de edad.
José Francisco Hernández, uno de los empleados «despedidos» ingreso a laborar a esta maquiladora en el 2011 -teniendo apenas 11 años de edad-, llegaba a las 08: 30 am y durante 17.5 horas realizaba corte, afilado y traba de prendas, de lunes a domingo, percibiendo como salario 500 pesos a la semana.
Pese a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en su artículo tercero que todos los mexicanos tiene derecho a una educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, teniendo ésta y la media superior carácter de obligatorias.
Sin embargo, la realidad contrasta lo marcado por la ley: Puebla ocupa el quinto lugar en explotación infantil, concentrando el 39.6% en trabajos de campo, seguido del 36.3% en el sector comercio y el 24.1% restante realiza actividades industriales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
No sólo eso, las condiciones laborales que brindan las empresas que practican la explotación infantil -como la maquiladora «Confecciones Rahel», propiedad del empresario Nissim Tourkya, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Tehuacán – Teotitlán, en el municipio de San Francisco Altepexi- son escasos, prácticamente nulas.
«El espacio donde se realizaban las actividades de la maquiladora Rahel no cuenta con ventilación, ni botiquín, cada quien tenía que comprar su tapabocas, el sanitario nunca se aseaba y mucho menos hay agua potable», afirmó el menor Francisco Hernández.
Además, si los trabajadores faltaban -aún por enfermedad- les descontaban la mitad de su salario.
Al respecto, Miguel Lozada Juárez, representante de Antorcha Obrera, reprobó que en pleno siglo XXI se sigan realizando estas prácticas, «el Movimiento Antorchista repudia tajantemente la explotación laboral, peor aún sobre menores de edad que deberían de estudiar; nuestro movimiento quiere que haya empleo bien remunerado con la finalidad de seguir produciendo riqueza en el país, la cual debe distribuirse equitativamente».
En este sentido, el representante antorchista de los desempleados han iniciado las reuniones con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Rubén José Huerta Yedra, o tras autoridades afines, con la intención de que la empresa repare el daño físico y laboral de los ex trabajadores.
