El lavado de dinero constituye uno de los actos criminales que de manera subrepticia y oscura daña a la economía y da viabilidad a múltiples actividades ilícitas, señaló la senadora Blanca Alcalá Ruiz .
Seguir el dinero ha sido y es la recomendación más evidente para advertir cualquier actividad del crimen organizado, porque toda acumulación de dinero lícito requiere cubrir su ciclo y esto sólo es posible cuando a través de distintas actividades se acredita como un ingreso legítimo y legal.
Por ello, desde hace algunos años es importante recordar que el Estado mexicano ha adoptado diferentes acciones para identificar los agentes y los espacios de la economía, en donde se lleva a cabo el blanqueo de dinero obtenido por la vía de la ilegalidad.
La finalidad es reducir con instrumentos institucionalizados y de inteligencia financiera, operaciones con recursos de procedencia ilícita, para de esta forma reducir la capacidad corruptora de fuego y riqueza del crimen organizado y de la delincuencia común.
Con el tiempo es importante señalar que se ha consolidado un sistema que opera desde una triple perspectiva. Por un lado, la fiscalización de los agentes económicos; por otro, el seguimiento de las operaciones financieras y la identificación y registro de las actividades vulnerables.
A poco más de un año de la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, un grupo amplio de legisladores de diferentes grupos parlamentarios hemos reflexionado sobre la calidad y la operatividad de los dispositivos de la ley con los siguientes objetivos:
Primero, es importante destacar que nos interesa seguir manteniendo el objeto de la misma, de combatir el lavado de dinero; pero, también, de poder hacer los ajustes necesarios para favorecer la operación normal de las empresas que realizan actividades calificadas como vulnerables.
Por supuesto, generar información de mayor especificidad y calidad, respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que evalúan las actividades correspondientes.
Y también, hacer mucho más eficientes los instrumentos de la propia ley.
Se trata -la iniciativa que ponemos a su consideración- de un enfoque basado en la ponderación de riesgos y en la identificación de las actividades más sensibles al lavado de dinero.
La autoridad, nos interesa, se centra en la información sensible e importante en cuanto al blanqueo de capitales; pero también, al mismo tiempo, que permitamos tener mecanismos que faciliten la operación de las personas físicas o morales, cuyas actividades profesionales están relacionadas con las actividades vulnerables.
Es importante también traer a esta soberanía lo que ha señalado el grupo de acción financiera, conocido como “GAFI”, que señala claramente en sus recomendaciones, que si bien no existen metodologías aceptadas universalmente que establezcan la naturaleza y el alcance de un enfoque basado en el riesgo, es importante que se consideren algunos temas que nos permitan identificar y categorizar los riesgos de lavado de activos y el establecimiento de controles razonables, basados en los riesgos identificados. Esto que se llama un riesgo eficaz.
Es así que la propuesta de reforma a la ley en comento, ha sido el resultado de la consulta a distintos sectores económicos involucrados en la aplicación de la misma, quienes han hecho llegar diferentes solicitudes a los legisladores, a fin de mejorar la operación de sus empresas y negocios, sin renunciar en ninguno de los casos a la colaboración con las autoridades para la prevención e identificación de la operación con recursos de procedencia ilícita.
Destaco adicionalmente que para la construcción cuidadosa de este proyecto de iniciativa, se tomaron en cuenta los foros de consulta que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, con motivo de analizar la implementación de la Ley Contra el Lavado de Dinero, como se le conoce coloquialmente, y que tuviera lugar en el mes de noviembre del año pasado.
En ellas participaron, entre otros, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y del propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, la de Agentes Aduanales, así como directivos de distintas instituciones.
Del mismo modo, se han realizado consultas con distintas autoridades, a fin de conocer las necesidades de orden normativo, que permitan una aplicación más eficiente de los criterios e instrumentos de la ley.
Nos interesa que la efectividad del sistema de prevención y combate al lavado de dinero no se dé en función del volumen de información aportada por las instituciones financieras y demás agentes, sino sobre todo por la calidad de la información.
Es de este modo, compañeras y compañeros legisladores, este proyecto está enfocado con un análisis de riesgo eficaz, que sea hecho con una visión eminentemente técnica, plural, de institucionalidad del Estado mexicano, pero también sensible a los ciudadanos.
Quienes suscribimos esta iniciativa, tenemos el interés que a partir del turno que se dé en esta ocasión, pueda hacerse nuevamente este análisis amplio, institucional, transversal y pertinente para poder llegar a un proyecto que pueda construir en favor de los mexicanos, pero también en favor del Estado mexicano, en una de las situaciones que más nos interesa a todos, cómo combatir el lavado de dinero, cómo combatir el tema del crimen organizado, pero también cómo ser sensible y ser interlocutores eficaces con la sociedad.
Le pido, señor presidente, que pueda ser inscrita la exposición de motivos de la iniciativa en su conjunto, de manera íntegra, en el Diario de Debates, y por supuesto el interés y la participación de todos mis compañeros para el análisis del proyecto en comento.