Con motivo de la realización de la VIII Semana Nacional de Transparencia «Estado fuerte, Estado transparente», organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), es importante, para análisis del modelo de aplicación que en materia de transparencia prevalece en el país, considerar dos intervenciones que se realizaron en dicho evento, en el que estudiosos de la materia como Sergio López Ayllón y Juan Francisco Escobedo establecen un esquema evaluativo.
A una década de distancia, entre el propósito inicial de dotar de elementos legales a los ciudadanos para acceder a la información y la consecuente transparencia que esto implica en materia de aplicación del gasto y su vinculación con las políticas públicas.
Este referente nos permite vislumbrar que ambas posiciones se suman; una, con una visión de enfoque metodológico y evaluativo -López Ayllón-, y otra con un enfoque normativo-sociológico -Juan Francisco Escobedo-, en donde al exponer sus argumentos esquematizan de manera muy concreta la urgente necesidad de dinamizar aún más la participación y compromiso de los actores sociales que interactúan en materia de transparencia, ya que sus disertaciones implican el desajuste que existe entre la aplicación y observancia de la norma y la transformación social que se requiere; lo que conlleva a un fetichismo jurídico, como lo argumentó uno de los autores analizados.
Por su parte, Sergio López Ayllón establece que debemos superar «el fetichismo de la Ley» para entrar en el campo de las políticas públicas, así como también superar el voluntarismo, para entrar en el horizonte de la modificación de instituciones, procesos y rutinas; para tales argumentos hace una reflexión en torno a la Evaluación de la Métrica de 2010 -realizada por el CIDE- en materia de transparencia, en donde se observa que el sistema de transparencia existe y funciona, pero se deben asumir tres grandes retos, tales como: 1) reducir las asimetrías, 2) fortalecer la oferta mejorando la calidad de la información y construyendo una visión proactiva de la transparencia; y 3) el reto fortalecer la demanda promoviendo el ejercicio del derecho de acceso, vinculando la transparencia con el resto de componentes de la rendición de cuentas, lo que nos llevaría a generar y propiciar una adecuada calidad de la información, la cual denota que debemos atender un problema estructural del uso de la información en el Estado mexicano, en donde se deberán fortalecer a los Órganos Garantes y Unidades de Acceso, así como también un ejercicio activo de promoción del uso del derecho.
En otras palabras, el hecho de que exista una sólida normatividad no es necesariamente garantía de resultados positivos, sin embargo, sí existe una Ley positiva y un sólido Órgano Garante; esto se reflejará en resultados positivos.
Por su lado, Juan Francisco Escobedo, miembro, promotor y fundador del Grupo Oaxaca, interesado en la observancia y estudio de la constitucionalidad que en materia de transparencia prevalece en el país, también habló de los grandes retos que se requiere enfrentar en el tema, argumentando que la promoción del derecho de acceso a la información y la transparencia han pasado a un segundo plano en la agenda nacional, y que sería lamentable que, en función del escenario que representa para el país el año 2012, estos logros obtenidos puedan perderse, para lo cual hace un balance entre lo que implica el derecho constitucional y la eficacia que se observa en torno al tema, sintetizando en cinco puntos los alcances que se han tenido:
1.Control de la constitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia no ha cumplido su cometido en materia de aplicación y control de la constitucionalidad.
2.Consenso simulado. Existe un consenso simulado en materia de derecho de acceso a la información, el cual representa un peligro de que iniciativas de reforma en la materia se truequen por cambios regresivos.
3.Los congresos eluden sus obligaciones. Los congresos piden información y cuentas a todos, pero son los primero en eludir sus obligaciones.
4.Transparencia local a distintas velocidades. Una auditoría de constitucionalidad sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º. Constitucional en las leyes estatales y reglamentos municipales en la materia, confirmarían la magnitud del daño que han provocado el consenso simulado y la retórica de la transparencia.
5.Ausencia de compromiso de los actores políticos. Los actores políticos que buscan convertirse en candidatos presidenciales, sus partidos o sus voceros tienen la oportunidad de establecer y actualizar sus compromisos con las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
El autor concluye que es necesario cuidar lo que se ha conseguido hasta ahora, argumentando que es necesario colocar en lugar preferente de la agenda política las propuestas de conformar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, con las reformas legales e instituciones que ello implica.
Como observarán, ambos enfoques convergen en que necesario preveer que los logros alcanzados hasta el momento en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas no han tenido los resultados esperados, pero sí se observa un gran avance de los mismos, los cuales deben ser considerados en la agenda política del 2012.
Prevén que las disfunciones y asimetrías deben ser motivo no tan sólo de análisis, sino de una acción continúa y permanente que permita superarlos para fortalecer la agenda ciudadana en pos de una adecuada vinculación del acceso a la información, la transparencia, y que emerja, derivado de la calidad de la información, una adecuada rendición de cuentas.
Al respecto, es importante que se superen o traten de aminorarse las fragmentaciones que existen en la interpretación de estos temas y la heterogeneidad que representa en el mosaico nacional la transparencia como tema que requiere una mayor atención y participación ciudadana, lo que redundaría en una democracia participativa y de consenso.
JAVIER SÁNCHEZ FREGOSO
