El Senado mexicano analiza hoy una reforma a la Ley General de Salud para erradicar casos de discriminación, negligencia y rechazo en la prestación de servicios a grupos vulnerables como adultos mayores, embarazadas, niños y pobres.
Comisiones de la Cámara alta analizan la iniciativa, según la cual, si bien existen carencias en el sector público del país, con instalaciones inadecuadas y falta de material médico, debe privilegiarse el sentido común y la atención de urgencia para los más necesitados.
De acuerdo con el vicecoordinador del Partido Acción Nacional en esa instancia legislativa, José María Martínez, debe recordarse el caso de José Sánchez Carrasco, jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió cerca del Hospital General de Guaymas, en el estado de Sonora, al parecer por una negativa de atención.
En esa misma línea, mencionó lo ocurrido en clínicas de Oaxaca, Chiapas y Puebla, donde se vieron afectadas por esa misma causa mujeres en labor de parto.
Al decir del senador, más allá de cómo se defina la cobertura universal, es evidente que existen graves problemas de insensibilidad y mala administración en los sistemas de salud, por lo que se trata de un problema de derechos humanos.
La reforma a los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud expresa que son servicios a la población en general los que se presten en establecimientos públicos, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar esa asistencia, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables.
En ese sentido, se entiende como grupos vulnerables a los adultos mayores, los niños desde su concepción, los discapacitados, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.
