La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta, se pronunció enérgicamente en contra de la reciente aprobación en lo general de la reforma judicial impulsada por el Presidente López Obrador.
La legisladora, quien votó en contra de esta iniciativa durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, reafirmó su compromiso con la defensa de un Poder Judicial independiente y ajeno a presiones políticas. «En Acción Nacional, estamos plenamente comprometidas y comprometidos con la defensa de las instituciones democráticas y la promoción de una justicia imparcial, transparente y accesible para todas y todos los mexicanos», declaró Huerta. «Esta reforma no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que también pone en grave riesgo la imparcialidad y la autonomía de sus integrantes. No permitiremos que se politice la justicia en México».
La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 busca, entre otros cambios, la elección por voto popular de las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otros altos funcionarios judiciales. Además, propone la reducción del número de Ministros de la SCJN y la creación de nuevos órganos dentro del Poder Judicial.
Según Huerta, estas modificaciones centralizan peligrosamente el poder en el Ejecutivo y socavan la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo. «Esta reforma centraliza excesivamente el poder en el Ejecutivo, comprometiendo la separación de poderes que es fundamental en una democracia. Al reducir el número de Ministros de la Suprema Corte y alinear la administración judicial con los intereses del gobierno, se erosiona la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos», agregó la diputada.
Huerta también hizo un llamado a Morena y al gobierno federal para que escuchen a todas las partes involucradas en esta discusión trascendental. «Exigimos que Morena escuche a las y los trabajadores del Poder Judicial, a los académicos, a la sociedad civil, y a todos aquellos que han expresado su preocupación por esta reforma. No es admisible que se apruebe un dictamen que pone en riesgo la justicia y la democracia en nuestro país», concluyó.
