Mientras tanto, las declaraciones han abierto un nuevo debate sobre el alcance del caso PDVSA-Cripto y sobre posibles irregularidades vinculadas al control de activos financieros y empresariales en Venezuela.
Las recientes audiencias del juicio relacionado con el caso PDVSA-Cripto han incorporado nuevos señalamientos que amplían el alcance de una investigación originalmente vinculada a presuntos hechos de corrupción en la industria petrolera venezolana. A través de sus abogados los empresarios Carmelo y Daniel De Grazia Suárez aseguraron ante el tribunal que su detención formó parte de una operación orientada a despojarlos del control de Bancamiga, Compass Bank & Trust y varias empresas pertenecientes a su grupo corporativo.
Durante sus declaraciones, ambos sostuvieron que las autoridades mostraron mayor interés en conocer detalles sobre sus bienes y activos que en investigar las acusaciones económicas que motivaron el proceso penal.
Según el testimonio de Carmelo De Grazia, funcionarios que participaron en los interrogatorios realizados en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) formularon preguntas relacionadas con propiedades, vehículos, aeronaves y participaciones empresariales. El empresario afirmó que los investigadores centraron gran parte de sus interrogantes en la ubicación y características de su patrimonio.
Daniel De Grazia presentó una versión similar ante el tribunal. Según su relato, distintas personas ejercieron presiones para que transfiriera participaciones empresariales mientras permanecía detenido y sin comunicación con el exterior.
Uno de los puntos centrales de las denuncias involucra a Bancamiga. La defensa de Carmelo De Grazia afirmó que el empresario poseía cerca del 49,5 % de las acciones de la institución financiera antes de su arresto. Posteriormente, según los documentos consignados por sus abogados, el empresario José Simón Elarba apareció como titular de ese paquete accionario y consolidó una posición relevante dentro de la entidad bancaria.
Los representantes legales señalaron además una presunta inconsistencia entre las fechas de autorización emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y los documentos utilizados para respaldar la transferencia de acciones.
Las acusaciones también alcanzan a Compass Bank & Trust, institución financiera registrada en Dominica. Daniel De Grazia declaró que firmó la cesión de más del 90 % de sus acciones mientras permanecía recluido. La defensa identificó al empresario Ibrahim José Velutini Sosa como beneficiario de esa operación y cuestionó las condiciones bajo las cuales ocurrió la transferencia.
De acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal, otras catorce empresas vinculadas al Grupo De Grazia cambiaron de control durante el período de detención de sus propietarios. Los denunciantes sostienen que esas operaciones se realizaron bajo circunstancias coercitivas y sin compensación económica efectiva.
El juicio también incorporó referencias al caso de Kerly López, exsubgerente de Bancamiga. Su defensa afirmó que la exfuncionaria intentó impedir la salida de fondos en efectivo desde una bóveda de la institución y que posteriormente enfrentó acusaciones penales relacionadas con esos hechos.
Hasta ahora, todas estas afirmaciones forman parte de las denuncias presentadas por los acusados y sus abogados dentro del proceso judicial. El tribunal deberá evaluar las pruebas expuestas y determinar la veracidad de los señalamientos. Mientras tanto, las declaraciones han abierto un nuevo debate sobre el alcance del caso PDVSA-Cripto y sobre posibles irregularidades vinculadas al control de activos financieros y empresariales en Venezuela.
