El ex Delegado de la SCT estatal en el distrito de Xicotepec, Alfredo Paez Cruz, denunció ante los medios de comunicación la violación sistemática de sus derechos humanos y laborales, no solo de el sino de todos los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República, asentada en la averiguación previa MPF/2170/2013 Que en contra de:
La ex Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, Irma Patricia Leal Islas; el Secretario del Transporte del Gobierno del Estado, Bernardo Huerta Coutolenc; la Directora de Análisis de Información de Coordinación General de Delegaciones y Comisarías de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Laura Marcela Carcaño Ruiz; el Director General Jurídico de la Secretaría del Transporte, José Francisco Balderas Picazo; el Juez Séptimo de lo Penal del Estado de Puebla, Alberto Zenteno Reyes y contra quienes resulten responsables
Por el delito de violación de sus derechos fundamentales, plasmados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20, apartado B, 103, 105, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que también se violaron los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y las garantías otorgadas para conocerlo.
Alfredo Paez Cruz invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la conferencia especializada sobre Derechos Fundamentales en San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, la cual conocemos como Pacto de San José y que quedaron plasmados como Derecho Constitucional en el Artículo 1° de nuestra Carta Magna.
LOS HECHOS
El día 31 de mayo del 2012, estando como delegado de la Secretaria de Transportes en el Distrito de Xicotepec de Juárez, con engaños la licenciada Adriana Ochoa Villar, Directora de Recursos Materiales, me pidió que estuviese a las 12 del día en mi oficina para firmar el contrato de arrendamiento del local que ocupa dicha delegación, y del cual nunca habían pagado la renta, cuando en realidad se trataba de catear la delegación y detenerme por la supuesta venta de dos calcomanías por 30 pesos cada una.
Esta violación a mis derechos humanos se inicia con la denuncia de la señora María del Carmen Cortes Ávila, quien presentó queja ante la licenciada Laura Marcela Carcaño Ruiz, para decir que supuestamente el día 25 de noviembre del dos mil once, siendo aproximadamente las 12 horas esta persona se presentó en la oficina de la delegación a pagarme 60 pesos por dos calcomanías que tenían el número económico de su taxi y que con esta denuncia la Licenciada Carcaño dio parte a la Dirección General Jurídica, a cargo de Francisco Balderas Picazo, quien presentó la denuncia en la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Mismo que ordena y autoriza al Ministerio Público que el día 31 de mayo del 2012 cateara las oficinas de la Delegación y me detuvieran por el supuesto delito de encontrar dos calcomanías rotas en un cajón de mi escritorio y que el gafete que me entrego la Secretaria De Transportes para identificarme y que presenté en fotocopia ya que el original lo tenia en mi escritorio «mismo que fue robado el día 28 de marzo del año 2012 como lo compruebo con la averiguación previa 262/2012/Xico y que dada las circunstancias puedo asegurar que este robo fue cometido con el mismo fin del día de los hechos del 31 de mayo del 2012 ya que también me acusaron de que el gafete era falso siendo que este gafete lo presentaba como cobrador habilitado durante un año lo presente en las oficinas de recursos humanos para cobrar los cheques de mis compañeros de esta delegación y que al otro día de los hechos el secretario Bernardo huerta ordeno que se recogieran todos los gafetes idénticos al mio que portaban todo el personal de la secretaria de transportes y se les entregara uno nuevo totalmente diferente de una manera violatoria de mis derechos fundamentales el juez 7° de lo penal me dicta auto de formal prisión por lo que recurro al amparo indirecto que recae en el juzgado 7° de distrito del sexto circuito otorgándome el amparo y protección de la justicia federal por a ver violado las autoridades los artículos 1, 14, 16, 19 de nuestra carta magna, no conformes con esta decisión piden la revisión misma que recae en el 2° tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, mismos que confirman por unanimidad la sentencia del juez 7° de distrito y ordenan mi inmediata libertad.
Por lo que presento como primera instancia una queja ante la comisión de derechos humanos del estado de puebla quien de forma ignorante del derecho y de los tratados internacionales la segunda visitadora de nombre María Cynthia Hernandez Pelaes Emite un acuerdo en donde solicita a las autoridades administrativas de las dependencias donde laboran los involucrados que si procede los sancionen por lo que presente mi recurso de inconformidad ante la comisión nacional de los derechos humanos la cual le da entrada e inicia su investigación.
Como segunda instancia le informo al gobernador constitucional del estado y al Secretario General de Gobierno los hechos por medio de un escrito que presente el día 12 de noviembre del 2012 sin que hasta la fecha reciba yo contestación alguna.
Se preguntaran por que esta saña contra un servidor, todo esto tiene origen por que fungía yo como consejero en la junta directiva del ISSSTEP y como tal presente denuncia en la contraloría ya que el Doctor Ricardo Villa Issa en su informe anual del 2010 le informa a la junta directiva que deja en almacenes 1 millón 541 mil 480 productos con un importe de 92 millones de pesos y en la primera reunión de junta directiva que tuvo Roberto Rivero Trewartha que ya fungía como director general solicita que se le autorice una compra directa por 25 millones ya que se encontraban en desabasto las farmacias del ISSSTEP, para el mes de marzo nos solicita nuevamente se le autoricen otros 25 millones de compra de medicamentos sin licitar por lo que le pregunto que qué paso con el millón 500 mil productos que había dejado Ricardo villa Issa contestándome que los almacenes se encontraban vacíos por lo que procedí a presentar mi denuncia con fecha 6 de JUNIO DE 2011 en la contraloría adscrita al ISSSTEP. En el mes de mayo del 2012 la contralora María Mirna Mayola Pérez ortega me informa que Ricardo Villa Issa no dejo 1 millón 500mil productos que de acuerdo al acta de entrega a recepción dejo en almacenes 1 millón 800 mil productos por lo que le informo que alguien nos engaño y que ese fue Roberto Ribero Tewartha y que analizare junto con los abogados del sindicato presentar la denuncia correspondiente ya que la Dirección general del ISSSTEP a través del Roberto Rivero T. hace compras del periodo Febrero 2011 a Diciembre de 2011 de medicamentos y desechables por la cantidad de 472.829.323.35 millones de pesos sin licitar para fin de mes ya me habían detenido violando mis garantías constitucionales. Al termino del juicio penal y de conformidad con el articulo 8° constitucional y el diverso 210 de la ley de amparo solicito al JUEZ SEPTIMO DE DISTRITO se de cumplimiento al art.210 de la Ley de Amparo publicando el acuerdo del Juez de Distrito que se de vista al ministerio publico de la federación adscrito al Jusgado 7 de Distrito quien lo turna a la mesa de tramite de delegación de la P G R Av. MPF/2170/2013 Así mismo se abre expediente en la CNDH con numero 2013/87R que próximamente emitirá su resolución.
