MÉXICO, DF.- Los tribunales militares sí son competentes para juzgar a militares acusados por delitos contra la salud en los que no estén involucrados civiles como víctimas o cómplices, resolvió ayer por estrecha mayoría la Suprema Corte de Justicia.
Por 6 votos contra 5, el Pleno de la Corte determinó que un juez castrense de Mazatlán debe seguir a cargo del proceso contra Martín Ovando Rueda, un soldado acusado de mentir a sus superiores sobre la supuesta destrucción de plantíos de marihuana en Chihuahua en 2010.
La decisión es relevante para la Secretaría de la Defensa Nacional, que en febrero pasado informó que 39 militares de diversos rangos estaban sujetos a proceso en el fuero de guerra por delitos contra la salud, que van desde posesión de marihuana con fines de comercio, colaboración para el traslado de drogas, fomento para posibilitar la siembra y cosecha de marihuana y comercio de cocaína.
De los once asuntos sobre fuero militar que la Corte ha discutido desde el 6 de agosto, este fue el primero en que se resolvió mantener el caso ante tribunales castrenses.
La mayoría de ministros sostuvo que estos delitos sólo deben pasar a jueces ordinarios cuando civiles estén involucrados en el caso, pues tal es el alcance del artículo 13 de la Constitución que establece el fuero de guerra.
«La conducta fue permitir la realización y ejecución del cultivo, no participar en las actividades del delito, simplemente se está haciendo de la vista gorda y rinde un informe a su superior que no concuerda con la realidad, y por eso responde a la justicia militar», explicó el ministro Guillermo Ortiz.
«Inclusive si él cultivara la marihuana sin involucrar a civiles, y esto lo hace al amparo de su calidad de militar, efectivamente el delito es contra la disciplina militar», agregó.
Jorge Pardo reiteró que, a su juicio, para restringir el fuero de guerra es necesario acreditar afectaciones a los derechos humanos de civiles, o la complicidad de éstos.
Cuatro integrantes de la minoría afirmaron que estos expedientes también deben salir de la justicia castrense, porque los delitos contra la salud no afectan «bienes propios de la disciplina militar», definición tan restringida que prácticamente limitaría la actividad de los tribunales de la Sedena a revisar delitos como insubordinación, deserción o robos al patrimonio del Ejército.
José Ramón Cossío, por su parte, mantuvo su postura de que todo delito cometido por militares fuera de las instalaciones de la Sedena o la Armada debe ir al fuero civil, ya que el país está en tiempos de paz según lo previsto en el artículo 129 de la Constitución.
Ovando fue acusado de infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército, delito del Código de Justicia Militar, y de delito contra la salud por colaboración para fomentar el cultivo y cosecha de marihuana, que está previsto en el Código Penal Federal.
Originalmente, la Corte tenía contemplado discutir seis amparos promovidos por trece soldados acusados de trasladar 928 kilos de cristal y 30 kilos de cocaína del DF a Tijuana, en marzo de 2011, pero ese caso ya no será resuelto por el Pleno, sino por la Primera Sala.
