En COPARMEX creemos en un Estado que ponga al centro a la persona. Nuestra labor siempre ha sido defender el Estado de Derecho, la libertad y la dignidad humana como base de toda política pública.
La reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso histórico para México. Debilita la independencia judicial, subordina la justicia al poder político y coloca al Estado por encima de la persona.
La reciente reforma a la Ley de Amparo, además de ser ambigua —especialmente en materia de retroactividad—, pierde su esencia protectora de los derechos, ya sea para restituirlos o suspender los actos de autoridad que los vulneren.
Vemos con gran preocupación que se limite la capacidad del juez para proteger los derechos humanos en nombre del “orden público”, lo que debilita el contrapeso judicial y reduce la protección efectiva de las personas.
Esta modificación plantea una pregunta que va más allá de la técnica legislativa: ¿Por qué desplazar a la persona del centro del Derecho?
La reforma ordena expresamente al juez cómo resolver los casos en los que deba decidir entre dos o más derechos, obligándolo a subordinar toda decisión al “orden público”. Con ello, se le arrebata su autonomía para ponderar la importancia de los derechos individuales, como ocurría antes de la reforma.
El Juicio de Amparo nació como el refugio del ciudadano frente al poder. Fue una gran conquista mexicana: un juez independiente podía detener, con un solo acto de justicia, cualquier abuso de autoridad. En ese equilibrio residía la esencia de nuestra democracia constitucional. Hoy, ese equilibrio se altera y el papel del juez como garante de la justicia se debilita.
Esa pregunta cobra sentido cuando observamos que el derecho humano deja de ser el centro y pasa a verse como un obstáculo, justificándose en el interés público. Esto parece razonable hasta que entendemos su consecuencia: cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo ordenan al Poder Judicial cómo actuar, desaparece la libertad de los jueces y, con ella, la división de poderes que sostiene nuestra democracia.
Resulta además preocupante que esta decisión del Legislativo contradiga los propios principios de bioética y justicia social que fundamentan a la actual administración, cuya misión debería construirse a partir del bien de cada persona, no a costa de ella. La justicia social nace de la dignidad humana.
Las empresas que representamos necesitan un entorno seguro para que sus trabajadores lleven el sustento a sus hogares, lleguen seguros a sus casas y protejan su patrimonio y libertad. Para ello, requerimos instituciones sólidas y una gobernanza confiable que permita crear un ambiente que atraiga inversiones, conserve los empleos y garantice la sostenibilidad de las empresas.
Esta reforma desincentiva la inversión nacional y extranjera y reduce las condiciones para emprender y generar empleo —el mejor programa social que existe—.
En COPARMEX seguiremos trabajando y colaborando con las autoridades, porque creemos que solo a través del diálogo, la legalidad y la unidad podremos construir un México con desarrollo económico, justicia social y dignidad para todas las personas.
