El fenómeno de la crisis de desapariciones en México no es un hecho que venga solo, junto a él se encuentra la crisis forense que vive el país. Actualmente hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.
Según varios expertos entrevistados por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificar los restos humanos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.
Esto significa que muchas de las personas que tienen esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos tendrían que esperar más de diez décadas para poder saber si los restos de sus seres queridos fueron identificados.
Uno de los principales puntos de alerta para el Comité, es el manejo del material genético entregado por los familiares de las personas desaparecidas, así como el resguardo y protección de la información relacionada.
“Muchas de las víctimas informaron que tuvieron que volver a entregar muestras de material genético hasta cinco veces, tras su registro inadecuado o su pérdida (…) Si bien se han desarrollado proyectos para fomentar buenas prácticas en esta materia, no existen normas ni mecanismos oficiales que garanticen su aplicación efectiva”.
Otro punto alarmante detectado por el colectivo de la organización mundial fue que existen deficiencias del sistema de registros: información incompleta, desactualizada y carente de datos relevantes (tales como la fecha de ingreso de las personas fallecidas, su procedencia, lugar del hallazgo, cuerpos identificados y entregados o no a las familias y su ubicación) son algunas de las situaciones que presenció el Comité.
Además, actualmente hay catorce servicios forenses del país no llevan un registro electrónico, lo cual dificulta la optimización del servicio de localización, a esto se suma que varios de los registros previstos en la Ley General a cargo de la Fiscalía General de la República aún no han sido creados y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática no está implementado.
Cabe precisar que Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73 % de los cuerpos no identificados.
Ante la circunstancia, el Comité de la ONU denunció que los servicios forenses son insuficientes. A la par ha remarcado que existen una variedad de instrumentos previstos en la Ley General que todavía no han sido establecidos, pero sobre todo, que no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.
También hizo hincapié a las autoridades sobre atender las deficiencias en la localización y notificación a los familiares o allegados de personas identificadas y en irregularidades del proceso de identificación, que impiden que las personas notificadas de un hallazgo e identificación tengan la certeza de que los restos recibidos son los de su familiar desaparecido.
Las causas estructurales que se atribuyen a la crisis forense incluyen, por una parte, el incremento de los niveles de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública, que se refleja en el número de homicidios (27.8 por cada 100 mil habitantes en 2020) y en el gran número de personas desaparecidas: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizó hasta este 13 de abril, a 98 mil 944 personas de las que se desconoce su paradero.
