Si bien México debe cumplir sus compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es indispensable que la aplicación de estas facultades se realice con certeza jurídica, criterios claros y pleno respeto a la legalidad, a fin de no generar indefensión ni afectar la operación de las empresas formales.
En COPARMEX reconocemos que México tiene obligaciones internacionales claras en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Sin embargo la imposibilidad de obtener una suspensión provisional inmediata sobre el congelamiento de fondos puede llevar a la asfixia económica de empresas y personas, ya que los juicios pueden prolongarse durante el tiempo que toma la defensa sin acceso a sus recursos.
La nueva normativa dificulta el acceso a la suspensión, lo que obliga a los litigantes a buscar estrategias para combatir la reforma misma mediante el amparo.
Nuestro país debe contar con mecanismos eficaces para proteger al sistema financiero y evitar que recursos de procedencia ilícita contaminen la economía formal. Esa exigencia internacional es indispensable y necesaria.
Combatir las finanzas ilícitas es fundamental para preservar la legalidad, la competencia leal y la confianza en las instituciones.
Por ello que de manera objetiva y respetuosa hacemos un doble llamado:
A las autoridades para que la aplicación de esta facultad se conduzca con la mayor responsabilidad institucional, con criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad, motivación y transparencia. La ambigüedad del concepto “indicios suficientes” debe precisarse y acotarse, porque su amplitud puede vulnerar el principio de taxatividad y afectar gravemente la continuidad operativa de las empresas, el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y comerciales, y con ello impactar a trabajadores, proveedores y familias enteras.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado al sector empresarial a redoblar esfuerzos de prevención: “hoy más que nunca es indispensable fortalecer el proceso de las operaciones, la debida diligencia, la verificación de contrapartes y los mecanismos internos de cumplimiento.
En una coyuntura como ésta, proteger la integridad de las operaciones no sólo es una obligación legal; es también una responsabilidad ética y una condición para defender la viabilidad de las empresas, fortalecer la certidumbre jurídica y preservar la confianza en México.
