En la madrugada de este sábado 4 de julio de 2026, la comunidad náhuatl de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, marcó un hito en la defensa de sus derechos colectivos. Tras cinco horas de diálogo y negociación con autoridades estatales y municipales, se formalizaron los acuerdos definitivos que garantizan la ejecución y administración directa de recursos económicos por parte de la propia comunidad.
Este logro es el resultado de una lucha incansable que, anteponiendo siempre la razón y la verdad, reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y al desarrollo con identidad. El convenio establece que la Asamblea General de la comunidad será el órgano facultado para definir el destino de los recursos, asegurando que la gestión responda a las necesidades reales de los habitantes.
Un papel fundamental en este proceso fue el desempeño del Lic. David Archundia López, subdirector jurídico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI). En todo momento, su labor profesional y ética fue determinante para salvaguardar el interés general del Comité Comunitario, velando por la legalidad y el respeto a la autonomía comunitaria durante la mesa de negociación.
La firma de este acuerdo contó con la presencia de una representación sólida del Comité Comunitario de Santa María la Alta, encabezada por:
● José Flores Flores, presidente del Comité.
● Esteban Salvador Pérez, secretario del Comité.
● Roberto Morales Cortés, presidente auxiliar de Santa María la Alta.
● Fortuna Cortés Soriano, vecino de la comunidad.
● Alberto Dolores Flores, en su calidad de consejero nacional de pueblos indígenas.
Por parte de las autoridades, el proceso fue respaldado por el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, representado por el presidente municipal Martín de Jesús Camargo de la Peña y la síndico municipal Asunción Guadalupe Ballina de la Cruz, y miembros del cabildo.
Asimismo, participaron destacadas figuras institucionales: por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), David Fernández Acosta; la titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; y por parte de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, el secretario José Samuel Aguilar Pala, el subsecretario Isauro Rendón Vargas.
Es importante señalar que la aplicación de los recursos provenientes de los fondos de Participaciones y FORTAMUN será supervisada y normada por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mientras que la transparencia y comprobación del ejercicio estarán sujetas a la auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. El presente acuerdo surtirá efectos una vez firmado.
Con este acto, se establece un precedente invaluable para la gobernanza comunitaria en el estado de Puebla, demostrando que el diálogo, cuando es guiado por la verdad y el respeto mutuo, es la herramienta más poderosa para la transformación social.
