Por unanimidad de votos las y los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, aprobaron el envío de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 del titular del Ejecutivo a la Auditoría Superior del Estado.
El presidente de la Comisión José Juan Espinosa Torres informó que esta Soberanía recibió 16 tomos los cuales contienen los datos del ejercicio fiscal 2018 en el que se ejercieron recursos por el orden 90 mil millones de pesos, los cuales van a ser revisados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
De la misma forma, el legislador hizo la observación a las y los integrantes de esta comisión de que en el expediente no contaba con la información digitalizada en discos magnéticos. Al respecto el área jurídica de la Auditoria Superior del estado explicó que los procedimientos siguen el ocurso legal como lo marca la norma y que los resultados de la revisión que se practica se conocerán en el resolutivo correspondiente
En otro punto de la sesión de la Comisión Permanente, se aprobó por unanimidad remitir a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 10 asuntos existentes en cartera correspondientes a los municipios de Puebla, Cuyuaco, Francisco Z. Mena, Olintla, Piaxtla, Olintla, Mazapiltepec, dos correspondientes a los municipios de Amozoc y Tilapa.
Además, se turnaron los recursos de revocación de los municipios de Santiago Miahuatlán y Atzitzihuacan, para su análisis, estudio y resolución; también determinaron estudiar con mayor detenimiento en una sesión posterior, los dictámenes de los informes individuales de 57 municipios y entidades fiscalizadas.
De la misma forma las y los diputados de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado aprobaron el proyecto de acuerdo para dejar sin efecto cinco iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura por considerarlos extemporáneos.
Finalmente, se aprobó por unanimidad exhortar a la Auditoría Superior del Estado a establecer una unidad de asesoría permanente e itinerante a todos los sujetos obligados, que establece la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
