La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisa las acciones de remediación que en su momento se llevaron a cabo, luego del derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora hace cinco años, para determinar medidas contundentes que garanticen la seguridad y el bienestar de las poblaciones.
La dependencia federal mantiene un diálogo permanente con las comunidades de la cuenca, en el que participan representantes de las empresas mineras, pobladores afectados, ambientalistas, científicos, autoridades de los tres niveles de gobierno y los organismos sectorizados de la SEMARNAT, como lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
Se analizan las acciones emprendidas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) respecto de la instalación de plantas potabilizadoras, así como la operación de las mismas, a cargo del gobierno estatal y los gobiernos municipales.
Asimismo, se supervisan los trabajos de monitoreo de la calidad del agua que, de acuerdo con los últimos reportes, en el periodo 2014-2019 se ha mostrado una tendencia de recuperación para algunos metales pesados. No obstante, otros como aluminio, fierro y manganeso han superado en distintas ocasiones el valor guía.
Actualmente, los municipios de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús tienen cobertura de agua potable de entre el 98.8 y 99.4%. Además, hay 25 nuevos pozos en operación que abastecen a 36 localidades y se cuenta con 12 pozos emergentes.
El objetivo de la SEMARNAT es recuperar la confianza de la gente mediante acuerdos equilibrados que permitan un desarrollo sustentable en la región con apego a la normatividad ambiental y teniendo como prioridad la salud de la población.
