Los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo, aprobaron por unanimidad la iniciativa que presentaron los Diputados Mario Gerardo Riestra Piña y Gerardo Mejía Ramírez, por la cual se anula la denominación de la Sección Séptima del Capítulo Decimoquinto del Libro Segundo y el artículo 338 del Código Penal del Estado, con la que se deroga el estado de Emoción Violenta, ponderando ese derecho y privilegiar la integridad física de los ciudadanos, de manera que actualizando los criterios y ajustándolos a lo determinado en los diversos instrumentos jurídicos internacionales, mismos a los que México se ha adherido, y con los que es posible alcanzar índices mayores de eficiencia legislativa y seguridad social.
Posteriormente, los miembros de la Comisión destacaron que, lo que hoy se conoce como homicidio en estado de emoción violenta es producto de la transformación paulatina del conyugicidio, figura que permitía hasta los inicios del siglo XX el asesinato de la conyugue infiel sin pena alguna.
Dicho supuesto fue creado bajo condiciones que consideraban el «honor y prestigio del hombre por encima de la dignidad, la integridad y la vida». Tal y como se planteo anteriormente, la legislación debe obedecer a criterios materiales y circunstancia de la realidad social que vive nuestro estado, ya que es la propia dinámica social la que determina la preservación de la Ley y/o la necesaria transformación de la misma.
Por otro lado, el Cuerpo Colegiado avaló por unanimidad, el Dictamen por el que se reforma los artículos 254 del Código Penal, el artículo 65 Quinquies y el apartado V del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; así como los artículos 303 Quinquies y 310 del Código de Procedimientos Penales, todos del estado de Puebla, los cuales regulan las casas de empeño y casas de compra de metales preciosos.
En este sentido, los legisladores Tere Imelda Vargas Romero, Ramón Felipe López Campos, Jesús Salvador Zaldívar Benavides, Oswaldo Avendaño López y Eric Cotoñeto Carmona, acordaron que el robo y la compra venta de artículos robados es un delito, el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la institución que participe en la compra, ya que en el caso de las casas de empeño tendrán que asegurarse que éste sea original, a través de previa presentación de una identificación oficial, sin importar la procedencia del artículo empeñado.
Cabe señalar, que dichas modificaciones a los diversos Códigos plantean una sanción que va de seis meses a cinco años de prisión y una multa de cien a mil quinientos días de salario mínimo.
