• El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales
El Pleno del Senado de la República aprobó, con 110 votos a favor, un dictamen, producto de una iniciativa del senador Ignacio Mier Velazco, que busca fortalecer el marco normativo para contar con instrumentos más eficaces que permitan combatir y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como proteger a sus víctimas.
La propuesta enviada a la Cámara de Diputados busca reformar la Ley General de Educación, la Ley de Migración, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.
El proyecto plantea que se capacite al personal del Instituto Nacional de Migración en materia de género y de derechos humanos, a efecto de que cuenten con elementos y herramientas con perspectiva de género, que les permitan identificar posibles situaciones de trata de personas e intervenir con sensibilidad y eficacia.
Además, refuerza la atribución de la Secretaría de las Mujeres para brindar asesoría y capacitación en materia de igualdad de género a autoridades migratorias.
Para el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados, la condición de estancia puede beneficiar de manera solidaria a la persona adulta encargada del cuidado cuando exista patria potestad, tutela, guarda y custodia.
El dictamen propone que la Secretaría de Educación Pública promueva, a través de los planes y programas escolares, la prevención y detección de redes de captación de trata de personas en las escuelas. Además, a la Secretaría del Bienestar se le mandata diseñar y aplicar modelos que atiendan causas estructurales de este delito.
También busca reducir la simulación que encubre la captación, y al mismo tiempo evitar desprotecciones administrativas que facilitan la explotación, pues se refuerza la vigilancia en las terminales de autobuses, puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.
De la misma forma, se fortalece la investigación y las campañas de información e iniciativas sociales económicas, junto con vigilancia e inspección de giros comerciales donde el delito puede operar, como agencias de modelaje o artísticas, salas de masaje, bares, cantinas, hoteles, cines o a través de servicios de Internet.
