La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad el dictamen que mandata a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones a entregar a la PGR información sobre la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil en casos de extorsión, secuestro y otros ilícitos.
Esta obligación tendrá lugar cuando se lleven a cabo investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, y deberá solicitarse por oficio o medios electrónicos.
El dictamen establece que en caso de que el responsable operativo del servicio de telecomunicaciones se rehúse a brindar la información se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de mil a diez mil días multa.
“Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a solicitud del Procurador General de la República, de los procuradores de las entidades federativas o de los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes”, establece el decreto.
Asimismo, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, preste asesoría técnica a las autoridades competentes para la instalación y operación de equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social.
