- Propone reformas constitucionales para fortalecer con mayores recursos, la seguridadde los comunicadores
- Se requieren acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció la presentación de una iniciativa para establecer en la Constitución que todas las entidades del país deberán contar con un Mecanismo de Protección a periodistas con el fin de garantizar la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, busca que la federación y los gobiernos locales asignen los recursos necesarios y apliquen protocolos homologados que realmente garanticen la seguridad de quienes son agredidos por ejercer la libertad de expresión. Propone que el presupuesto asignado anualmente, no pueda ser menor, en términos reales, al inmediato anterior.
La diputada panista lamentó que los ataques en contra de los comunicadores no solo siguen ocurriendo, sino que cada vez son más y más violentos.
“No podemos seguir permitiendo que las autoridadesignoren su responsabilidad. Proteger a quienes alzan la voz no es opcional, es una obligación”.
Si realmente queremos frenar esta crisis, necesitamos que los tres órdenes de gobierno trabajen juntos de manera coordinada y con acciones concretas, abundó.
México es un país peligrosísimo para ser periodista, por lo que es fundamental proteger a loscomunicadores y así garantizar la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales, insistió.
López Rabadán explicó que existe un Mecanismo de Protección federal pero necesita un respaldo legal másfuerte.
“Por eso, tengo claro que llegó el momento de reforzarlo con la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para que todas las entidades federativas cuenten con un Mecanismo de Protección, asignen los recursos necesarios y apliquen protocolos homologados que realmente garanticen la seguridad de quienes son agredidos por ejercer la libertad de expresión”.
La iniciativa busca adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
