El personal de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) enfrenta una situación crítica tras el envío de una carta formal a diversas organizaciones internacionales. El documento advierte sobre graves riesgos para la seguridad nuclear en México, desencadenados por la reciente reforma al Artículo 127 de la Constitución.
La comunicación fue dirigida específicamente al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Esta acción sin precedentes ha encendido las alarmas sobre el estado operativo y la estabilidad laboral en la única instalación de su tipo en el país.
Fechado el 6 de mayo de 2026, el documento fue difundido públicamente por el Dr. Jesús Pámanes, identificado como exingeniero de CFE-CENACE y especialista en sistemas energéticos. A través de sus redes sociales, Pámanes compartió el texto junto con firmas de respaldo, cuestionando severamente el deterioro laboral que obligó a los operadores a buscar auxilio en el extranjero.
El núcleo del conflicto radica en la modificación al Artículo 127 constitucional, la cual impone topes salariales y pensionales para los empleados del sector público. Aunque la medida fue promovida ante la opinión pública como un combate a las llamadas pensiones doradas, los firmantes sostienen que esta política ignora por completo la naturaleza altamente especializada del trabajo nuclear.
El texto subraya que la formación y certificación de un Operador Senior de Reactor (SRO) requiere entre cinco y siete años bajo estrictas normativas nacionales e internacionales. En consecuencia, los recortes a las jubilaciones están provocando una alarmante fuga de talento técnico altamente calificado hacia otros sectores industriales más competitivos.
Entre las vulnerabilidades operativas descritas, la carta destaca la fatiga del personal debido a la necesidad de cubrir turnos extra ante la escasez de operadores certificados. Además, se advierte que la incertidumbre económica genera un profundo estrés cognitivo, lo que reduce drásticamente la capacidad de los trabajadores para detectar anomalías sutiles en los sistemas del reactor.
La crisis actual también amenaza con fracturar los programas de mentoría, interrumpiendo la transferencia vital de conocimientos entre las distintas generaciones de especialistas. El documento proyecta, de manera preocupante, un posible aumento en las paradas de emergencia no planificadas (SCRAMs), atribuibles directamente a la inexperiencia del personal de reemplazo.
Otro punto crítico es el debilitamiento de la actitud cuestionadora, un pilar fundamental de la cultura de seguridad nuclear. Los autores alertan que el personal en conflicto podría tender a no reportar cuasi-accidentes por apatía o miedo, invocando para ello los estándares INSAG-4 e INSAG-15 establecidos por el propio OIEA.
Citando experiencias previas en naciones como Francia y Estados Unidos, los trabajadores recuerdan que dichos gobiernos implementaron regímenes especiales y planes de retención de conocimiento para su personal nuclear. Por ello, solicitan formalmente recomendaciones técnicas internacionales para que los empleados de Laguna Verde queden excluidos de los efectos de la reforma.
Hasta este jueves 21 de mayo de 2026, no existe confirmación pública por parte del OIEA, WANO ni la CNSNS sobre la recepción o el procesamiento de dicho documento. De igual manera, ni la Secretaría de Energía (SENER) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han emitido un pronunciamiento oficial respecto a esta creciente controversia.
