Washington.- La agonía de Joseph Wood durante su ejecución en Arizona despierta hoy críticas de grupos defensores de los derechos humanos que consideran inconstitucionales la forma en que se aplica esa pena en el país.
Testigos presentes dijeron que demoró cerca de dos horas antes de que los médicos certificaran que Wood, de 55 años, murió por los efectos de una inyección letal.
Medios de prensa informaron este jueves que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ordenó una investigación exhaustiva sobre la forma en que murió el sujeto, quien se mantuvo vivo y respirando con dificultad luego de ser inyectado con el líquido mortal hasta que falleció una hora y 57 minutos más tarde.
La defensa del reo a causa de las anomalías en el proceso de cumplimiento de la sentencia, que debía durar 10 minutos, presentó un recurso de amparo para detenerla.
En su demanda llamaron al tribunal a detener la acción y pidieron al Departamento de Correcciones utilizar las disposiciones necesarias para salvar vidas en su protocolo.
Los letrados, aún cuando Wood se mantenía vivo, indicaron que su ejecución violaba los derechos del condenado contemplados en la octava enmienda al considerar que se le infringía «un castigo cruel e inusual.»
En los últimos meses las ejecuciones fallidas de Dennis McGuire, en Ohio, en enero, y Clayton D. Lockett, Oklahoma, en abril, levantaron críticas sobre la utilización de compuestos letales en las inyecciones que provocaron sufrimiento a los condenados.
McGuire, murió 25 minutos después de inyectado en lo que fue descrito como una penosa agonía y a Lockett, a causa del mal funcionamiento le fue cancelada la ejecución 14 minutos después de ser medicado con el suero mortal, pero murió 45 minutos después de un ataque al corazón.
Wood se mantuvo en el corredor de la muerte durante varios años al ser condenado por la muerte de su novia y su padre en 1989.
Gobiernos como el de Arizona y Oklahoma, entre otros, mantienen bajo secreto todo lo relacionado con las drogas que emplean en estas ejecuciones, lo que calienta el debate en el país sobre la legalidad de estos procesos.
