México. Tras el aval de los diputados a la Ley General de Partidos quedaron aprobadas hoy en México las legislaciones secundarias de la reforma político-electoral promulgada por el Gobierno en febrero pasado.
De ese modo, se dio por terminado en esta jornada el periodo extraordinario de sesiones que comenzó el pasado miércoles para dar curso a estas regulaciones, consideradas indispensables con vistas al desarrollo de los comicios federales y locales de medidos de 2015.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, José González Morfín, aseguró que el órgano legislativo cumplió con el compromiso de sacar adelante el marco normativo de la reforma constitucional, la cual regirá la vida democrática del país y definirá el papel preponderante del Instituto Nacional Electoral.
De esta forma, la Cámara de Diputados giró al Ejecutivo para su promulgación tanto esta iniciativa como la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Medios de Impugnación.
En el caso del ordenamiento de los Partidos, el último que recibió la luz verde del Congreso, tiene como fin controlar las disposiciones aplicables a las formaciones nacionales y locales, en materia de fuerzas políticas, derechos y obligaciones de militantes, fiscalización y funcionamiento de órganos internos.
Así, se determina que para la constitución de un partido político nacional se deberá contar con tres mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en un mínimo de 200 distritos electorales uninominales.
También se establece que una organización de este tipo perderá su registro oficial si no participa en un proceso electoral ordinario o no obtiene por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida en algunas de las elecciones para diputados, senadores o presidente.
Esta norma dicta, además, que no podrán realizar aportaciones o donativos a las formaciones ni a los aspirantes a cargos de elección popular en dinero o en especie instancias como los poderes de la Unión, ayuntamientos, dependencias, organismos centralizados y paraestatales.
Las leyes secundarias de la reforma político-electoral que modificó 30 artículos de la constitución debían haber quedado aprobadas antes del 30 de abril pasado, pero la falta de consenso entre las principales bancadas parlamentarias retrasó ese proceso.
Una vez resueltas estas reglamentaciones, el Poder Legislativo todavía tiene ante sí la obligación de analizar y aprobar las normas complementarias de otras dos importantes reformas: la de telecomunicaciones y la energética.
