México. Analizar el impacto social, económico y político de las catástrofes provocadas por los desastres naturales y los accidentes viales en el país es uno de los objetivos de la 24 Convención Aseguradores de México, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
“Es importante que podamos ver el tema de las catástrofes, y a la par podamos mostrar lo que significa la contribución del seguro como un elemento de mitigación de pérdidas y de restablecimiento de la situación en su estado original cuando ocurre una”, señala Recaredo Arias Jiménez, director general de AMIS.
México ocupa el lugar número 7 en accidentes de tránsito a nivel mundial y es uno de los pocos países del G20 y de la OCDE que carece de una política pública que proteja a las víctimas de estos sucesos. Al año, se tiene el registro de 153 mil 685 heridos, 17 mil muertos y alrededor de 45 mil personas que quedan con alguna discapacidad.
Los daños materiales de los accidentes de tránsito a nivel nacional ascienden a aproximadamente 150 mil millones de pesos, es decir, 1.7% del PIB. En cuanto al costo para las aseguradoras, tanto en daños materiales como fallecimientos, representa alrededor de 22 mil millones de pesos al año.
“Si una familia no tiene un seguro o no tiene una suma asegurada adecuada en el caso de un accidente de tránsito, eso también puede ser una catástrofe para las familias, desde la perspectiva de que si no tiene seguro pueden perder todo su patrimonio para poder pagar”, puntualiza el directivo.
Por otro lado, por su ubicación geográfica, el país tiene una alta exposición a riesgos naturales. No sólo se encuentra en la trayectoria de los huracanes y tormentas tropicales, sino que es propenso a importante actividad volcánica, determinadas entidades sufren afectaciones de sequías, y está ubicado en una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.
No obstante eso, con el cambio climático, la ocurrencia de desastres naturales en México muestra una tendencia creciente y podría incrementarse severamente.
El seguro permite recuperar, a corto plazo, las pérdidas económicas de familias y empresas ante los daños provoquen las catástrofes naturales. Sin embargo, de las aproximadamente 28 millones de viviendas en el país, sólo el 5% están aseguradas, mientras que el 3% de las microempresas y el 35% de las PYMES cuentan con la protección de un seguro.
“El seguro ha venido demostrando que cuando existen coberturas adecuadas, como fue en el caso del huracán Wilma, el sector asegurador pagó dos terceras partes, el seguro pudo en 15 meses reestablecer la infraestructura hotelera en Cancún”, advierte Arias Jiménez.
Otro de los objetivos de la realización de este evento anual, son las propuestas que emite el sector asegurador sobre los temas que aborda en su Convención. En este sentido, al respecto de accidentes viales, propone: crear una política nacional de seguros de Responsabilidad Civil, liberar parte importante de la carga económica que tienen los gobiernos por este motivo, y promover la cultura vial y aplicación de las normas de seguridad.
Mientras que, por el ángulo de catástrofes naturales, propone entre otras cosas: promover el financiamiento de investigación para fortalecer los códigos de construcción a nivel nacional, elaborar un Atlas de Riesgos, informar y educar a la población, así como crear una cobertura común del “microseguro” que extienda la protección contra riesgos catastróficos a toda la población en coordinación con el FONDEN.
