• Es de interés general que se lleve a cabo el estudio y detección del cobro de diversas comisiones bancarias a fin de poder reducirlas y en el mejor de los casos suprimirlas.
• Dar atención y respuesta inmediata a los cargos no reconocidos y otros trámites bancarios, y
• Otorgar nuevos créditos para quienes tenían adeudo y ya pagaron.
No cabe duda que el crecimiento económico de una región en particular y de una nación entera es detonado en gran medida por la fortaleza y desarrollo del sistema financiero y las instituciones bancarias existentes por su función como agentes de administración, ahorro, préstamo, inversión y aseguradoras del flujo monetario nacional.
Sin embargo, en México las instituciones bancarias en comparación con otros países, que no son necesariamente potencias mundiales en economía, se caracterizan por cobrar altas comisiones anuales por el uso de tarjetas de crédito o débito, al igual que determinados cobros por solicitar dicho plástico, realizar retiros de un cajero automático, hacer una aclaración y varias operaciones que para el resto del mundo son mucho más ágiles, fáciles y a costos reducidos.
Según un reporte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los últimos cuatro años las comisiones pasaron de representar el 13 por ciento de los ingresos de la banca mexicana, al 39 por ciento en la actualidad ante la retracción del crédito.
Esto ubica a México por encima de países como Brasil y Gran Bretaña, donde las comisiones representan el 36 por ciento de los ingresos de las entidades. También de Francia, donde equivalen al 33 por ciento, y de España, donde las comisiones se ubican en 30 por ciento.
En México se paga hasta 1.7 dólares por retirar dinero de un cajero automático que no es de la red del banco, mientras en Chile, Argentina y Venezuela se paga menos de 1 dólar. Y el costo promedio de un cheque rechazado en México es cercano a los 800 pesos (unos 70 dólares), mientras este cargo en Estados Unidos ronda los 30 dólares.
Respecto al Costo Anual Total (CAT) que aplica a sus clientes HSBC por ejemplo, por una tarjeta de crédito en México representa un 77%, mientras que en Inglaterra la tarifa es de 16%; Scotiabank cobra a los mexicanos 77% y para los canadienses 18%. En BBVA Bancomer el cobro es de 80% por el plástico y en España de 25% y Banamex Citigroup de 85%, en tanto que en Estados Unidos es de 9%.
Este panorama no es nada alentador para los usuarios, quienes son los que ven mermar de sus cuentas su dinero, por el sólo hecho de manejarlo con el banco.
Hoy el país requiere que sus autoridades parlamentarias consideren la reducción o eliminación de las comisiones por aclaración improcedente, es decir que si solicitas una aclaración y esta no era procedente te cobran hasta $300 pesos; por disposición de efectivo en cajero propio, y por diversos servicios como consulta de saldo en ventanilla, transferencias electrónicas en ventanilla, etc.
Además es necesario agilizar los tiempos de revisión del procedimiento de la presentación y substanciación de las quejas contra las instituciones bancarias por el cobro de servicios no solicitados tales como seguros, o la apertura de cuentas de crédito que generan una comisión sin que los beneficiarios lo sepan y que más tarde los reportará en el buró de crédito sin poder generar nuevas operaciones.
Lo anterior es posible si el proceso se realiza por internet para que en menos de un mes exista una respuesta, acortando plazos y evitando que se generen más cargos gravosos.
Otro punto que los legisladores y diputados federales deben atender es que un retraso o una quita en el pago a las instituciones bancarias pueden permanecer hasta seis años en el buró de crédito, no obstante se realice el pago acordado con el banco o institución crediticia, lo que genera que se nieguen nuevos créditos.
Por lo que es preciso modificar la ley de Sociedades de Crédito para lograr, primero, que los datos se manejen previo consentimiento del titular de los mismos, ya que a nadie le piden su autorización para publicar datos personales; actualmente se pide permiso para consultar el historial pero no para integrarlo, y en segundo para lograr que, si se pagó se informe puntualmente que se cubrió el crédito y no como se señala actualmente para el caso de quitas «cuenta con deuda parcial o no recuperada», cuando legalmente el pago está realizado y la obligación se extinguió.
La propuesta a las autoridades competentes está sobre la mesa con el objeto de revisar el marco legal del Banco de México, la ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Instituciones de Crédito, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, pues de esta forma se impulsará la inversión pública y privada tanto nacional como extranjera en las instituciones bancarias del país.
Por ello, nos corresponde exigir el fortalecimiento de las facultades que ya tiene el Banco de México, así como la comisión Federal de Competencia, para que este gran reto continúe fructificando en manos de los servidores públicos recién electos a través del adelgazamiento de las comisiones bancarias.
En espera de que el único fin sea lograr mayor competitividad y mayor protección al poder adquisitivo de los usuarios de los servicios financieros, que son quienes merecen que su dinero rinda, crezca, y se fortalezca invirtiéndolo en las grandes bancas, exhorto en la materia a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a trabajar en conjunto por la defensa de los bienes del ciudadano, velar por sus derechos e impulsar el crecimiento económico-financiero de México.
