Tal y como ya ocurriese con otras leyes cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas (dependencia, educación para la ciudadanía…), la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo se encuentra como sus compañeras de viaje cronificando una serie de problemas y desequilibrios territoriales cuya consecuencia más inmediata en la normativa sobre aborto son diecisiete leyes, una por cada comunidad autónoma.
Ver el artículo:
¿Qué fue de la ley Aído?
