«El que nace para deudor, ni aunque le paguen los impuestos.»
Adaptación libre, texto de Carlos Monsiváis
QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE: Imaginemos una familia mexicana promedio: gana 20 mil pesos al mes, pero gasta 25 mil. Para cubrir la diferencia, pide prestado, primero a la tarjeta, luego al banco, y cuando la deuda ya rebasa los 200 mil pesos, sigue pidiendo prestado para pagar los intereses. Nada nuevo: el problema no es deber, sino no producir más ni gastar mejor. Eso, en escala nacional, es exactamente lo que hace el gobierno mexicano.
La gran diferencia es que gastar lo que otros generan o endeudar al país para pagar caprichos, corrupciones y programas sin sustento, usando los recursos de todo el pueblo, debería de ser tratado como crimen de lesa patria.
La noticia de hoy lo confirma. la deuda pública de México alcanzará los 20.4 billones de pesos en 2026, una cifra sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, equivale a más del 60% del PIB proyectado, aunque el discurso lo relacione “solo” al 52.8%. El problema no es el monto, sino el destino, se canaliza principalmente a programas sociales, a cubrir los abismos financieros de Pemex y, cada vez más, al pago de intereses. Nada de ello genera productividad ni crecimiento real.
La deuda, cuando se usa para inversión productiva —infraestructura, innovación, salud o educación de calidad— puede ser palanca de desarrollo. Pero cuando se destina al consumo o al clientelismo, se convierte en una bomba inflacionaria. Se incrementa el circulante sin aumentar la producción, lo que termina por deteriorar el poder adquisitivo de todos. En otras palabras, el gobierno gasta hoy lo que los contribuyentes del futuro tendrán que pagar con más impuestos, más inflación y menos oportunidades.
La deuda pública no surge de la nada. Se crea cuando el Estado gasta más de lo que recauda. En principio, debería servir para proyectos productivos, producción de bienes, incremento de la producción agrícola, minera o industrial, inversión en infraestructura, energía, salud o educación, incluso en promoción turística. Sin embargo, en la práctica se usa básicamente para gasto corriente, clientelismo y cubrir déficits estructurales.
Hoy, México vive una paradoja: la informalidad económica alcanza casi al 60% de la población ocupada, lo que significa que la mayoría no contribuye de manera efectiva al fisco. Esto genera un doble efecto perverso; por un lado, la carga tributaria recae en pocos, asalariados formales, grandes empresas y un segmento reducido de contribuyentes cautivos. Por otra parte, se sataniza a los aportantes que optan por tácticas elusivas o, peor aún, dejan de tributar, es mejor ser beneficiario pobre que aportante clase media.
Todo esto conlleva a la ruptura de los principios básicos de la tributación, estamos ante una injusticia tributaria. los que pagan sostienen al Estado, mientras los informales —que también usan servicios públicos— no aportan.
El resultado es que para financiar al gobierno, se recurre a deuda. Y esa deuda, al final, la pagamos todos vía impuestos futuros, inflación o recortes a servicios.
BLA, BLA, BLA: La narrativa política ha distorsionado la discusión. En lugar de un debate serio sobre la necesidad de ampliar la base tributaria, se usa un discurso doctrinario que pinta a quienes pagan impuestos como “privilegiados” o “explotadores”. Al mismo tiempo, se aplaude la informalidad como si fuera un acto de resistencia popular, cuando en realidad es una tragedia fiscal. Sin ingresos estables, el Estado se endeuda y se vuelve más frágil.
México tiene una recaudación tributaria de apenas 16% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (≈ 33%). No es porque las tasas estén bajas, como se pretende difundir, es porque la mayoría de la PEA no tributa pues se mueve en la economía subterránea. Este hueco se compensa con deuda, cuyo servicio (intereses) ya absorbe más del 12% del presupuesto federal. Dicho de otro modo: de cada 100 pesos recaudados, más de 12 se van a pagar intereses, no a escuelas, carreteras o medicinas.
Lo grotesco de todo esto es que, sin un sólido basamento económico, enfrentamos, casi sin chistar, un discurso vacío. Los “políticos” (así se dicen) endeudan al país justificando que es para “el pueblo”, mientras destinan recursos a megaproyectos con sobrecostos y baja rentabilidad. Los que sí aportan, los contribuyentes formales, son satanizados por “pagar impuestos” en un país donde la mitad no paga y hasta se enorgullece de evadir… y de votar.
Mientras tanto, el ciudadano común no se da cuenta de que la deuda no es “del gobierno”, sino suya y de sus hijos. La deformación mayor estriba en que esta deuda se convierte en una forma de hipoteca generacional, disfrazada de justicia social, cuando en realidad refleja una estructura fiscal rota y una política populista convenenciera de corto plazo.
Thomas Piketty advierte que la desigualdad fiscal es un motor de injusticia económica, porque cuando las élites y la informalidad evaden, la clase media formal termina cargando con el sistema. En México esto se multiplica por el tamaño de la economía informal y por gobiernos que prefieren endeudarse antes que cobrar impuestos de manera equitativa.
DE FONDO
La narrativa política cambia las palabras: al déficit lo llaman inversión social, al endeudamiento lo llaman solidaridad, y al despilfarro, justicia distributiva. Pero detrás de esa semántica amable y tendenciosa, casi perversa, hay una economía que se endeuda para sostener la popularidad del presente.
DE FORMA
En el terreno de lo absurdo, ya se celebra el crecimiento de la deuda como si fuera un logro. El gobierno presume estabilidad mientras emite bonos para pagar intereses de bonos anteriores. La economía se parece cada vez más a esa familia que sigue pidiendo prestado para comprar regalos en Navidad mientras empeña el refrigerador.
DEFORME
Deforme es pensar que un país puede endeudarse sin consecuencias. Es creer que la deuda pública no se paga porque ‘se renueva’. La realidad es que cada peso que el gobierno regala con fines políticos o despilfarra en ideas sin sentido convertidas en mega elefantes blancos, se multiplica en deuda para los que trabajan, producen y pagan impuestos. En el reparto, unos aplauden, otros cargan, y todos pierden.
Ni hablar, cuando la deuda crece más rápido que la economía, el único que duerme tranquilo es el que ya no piensa pagarla y además se guardó una parte… en un paraíso fiscal.
