Fue en esta semana cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que regresará a estudiar el asunto del aborto para revisar las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí, que establecen el derecho a la vida desde la concepción.
Y es que a raíz de la despenalización del aborto en el DF, en 2007, que fue avalada por la SCJN un año después, 18 estados hicieron modificaciones a sus leyes para castigar la interrupción del embarazo. Los proyectos de sentencia del ministro Fernando Franco González plantean la inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales de los mencionados estados, por atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución federal.
Reformas similares a las de Baja California y San Luis Potosí, que establecen una protección absoluta a la vida prenatal desde la concepción o fecundación, fueron aprobadas por otros 16 congresos locales tras la despenalización parcial del aborto en el Distrito Federal, avalada por la Corte en 2008.
Las entidades que aprobaron este tipo de enmiendas son, además de los dos casos en estudio ante la Corte, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.
Los proyectos que el pleno del máximo tribunal comenzó a estudiar, plantean que los congresos locales no pueden establecer en sus constituciones esa protección a la vida en contravención de la Carta Magna, que no la contempla, y de tratados internacionales en la materia.
Para invalidar las reformas impugnadas serán necesarios al menos ocho votos, a diferencia de la despenalización en el DF, cuyo aval sólo requería el voto favorable de 4 de los 11 ministros. En 2008, la mayoría de ocho ministros que avaló la despenalización en el D.F., no logró ponerse de acuerdo sobre el derecho a la vida, por lo que sigue vigente jurisprudencia aprobada en 2002 por la Corte, que dice que la Carta Magna protege la vida desde la concepción.
Pero eso no es todo, pues con mítines y pronunciamientos la Iglesia católica presionará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que declaren inconstitucionales las reformas pro vida aprobadas por los congresos de Baja California y San Luis Potosí.
Grupos católicos del Distrito Federal estuvieron activos tanto en las plazas públicas como al interior de los templos. Su máximo jerarca, el cardenal Norberto Rivera Carrera, desde el altar de la Catedral Metropolitana, en su homilía, sentenció: «Una injusticia no puede ser subsanada con otra injusticia y el aborto no es nunca una solución».
«Nunca podrá ser lícita la supresión de la vida inocente de seres humanos, aunque ésta se lleve a cabo en periodos iniciales de su desarrollo», y advirtió: «No nos extrañe que se multiplique la violencia en el país, las etapas de la violencia van creciendo y se fomentan por el desprecio a la vida desde el inicio».
