El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el objetivo de crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, establecer sus atribuciones, regular su funcionamiento y dotar al Instituto Electoral del Estado de un mecanismo preventivo que fortalezca la integridad de las postulaciones a cargos de elección popular.
De acuerdo con la propuesta del legislador la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene por objeto recibir de los partidos políticos o, en su caso, de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de las personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular.
Lo anterior, previo al registro ante el Instituto Electoral del Estado, para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad pública, inteligencia, procuración de justicia e inteligencia financiera de los órdenes federal y estatal, se realice un análisis de riesgo respecto de sus perfiles.
“El objetivo es que los partidos políticos entreguen, de forma voluntaria, el listado de sus candidaturas antes de que las inscriban ante los órganos electorales. A su vez, el órgano electoral remitirá toda esta información a las instancias judiciales pertinentes para que lleven a cabo un análisis y emitan una recomendación, según sea el caso”, explicó.
En la iniciativa se precisa que, con base en la información proporcionada por la Comisión, los partidos políticos o, en su caso, las personas aspirantes a candidaturas independientes determinarán la procedencia de la postulación correspondiente.
Además, la existencia de un riesgo razonable no constituirá requisito adicional de elegibilidad, causa de inelegibilidad, sanción administrativa, impedimento para el registro de una candidatura ni prejuzgamiento sobre responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza.
Andrés Villegas puso énfasis en que esta iniciativa se desprende de la armonización de la legislación local con el modelo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, favorece la coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, robustece los procesos internos de selección de candidaturas y contribuye a preservar la legitimidad de la representación popular.
