LA SUPREMA CORTE PROFUNDAMENTE INJUSTA, PROFUNDAMENTE INMORAL Y PROFUNDAMENTE INCONSTITUCIONAL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y dejó vigente la reforma antiaborto de Baja California, la cual protege el derecho a la vida desde la concepción.
A los siete ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad del artículo séptimo, párrafo primero de la Carta Magna bajacaliforniana, les hizo falta un voto más que nunca llegó, para poder invalidar la norma impugnada por lo que la reforma antiaborto de Baja California seguirá vigente.
Los ministros progresistas que votaron, a favor de los derechos reproductivos, de salud y para esparcir los hijos que desee tener la mujer y por tanto, por invalidar el artículo de la Constitución de Baja California fueron, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Sergio Valls, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, pero fueron avasallados por la línea que impuso a la Corte, Felipe Calderón, muy defensor de la vida, pero que carga en su conciencia más de cincuenta mil mexicanos– de los que se sabe– muertos en su guerra contra el crimen organizado. El típico doble discurso hipócrita de los panistas conservadores, y retardatarios.
El ministro Arturo Zaldívar dijo que esta contra la decisión del pleno y señaló que esto significa o implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres y esto es algo que un tribunal constitucional en ningún momento puede avalar. Arturo Zaldívar también dijo que el esta a favor de la vida, pero de la vida digna, a favor de la vida en libertad, así como a favor de los derechos y dignidad de las mujeres.
Y el ministro Arturo Zaldívar también dijo que: “criminalizar a la mujer, sobre todo, a la mujer más pobre, no es la solución; condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su vida, su salud, me parece profundamente injusto, profundamente inmoral y profundamente inconstitucional”. Y además manifestó “¿Por qué no nos quitamos de problemas y derogan los tipos de aborto?, sería mucho más fácil, para quienes dicen que su idea no es criminalizar a la mujer.
Por su parte el ministro presidente, Juan N. Silva Meza dijo que la protección del concebido “no puede ser absoluta”, sino que de acuerdo a la Constitución de la República, ésta debe ser gradual y depende de su gestación biológica.
El ministro calderonista, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se erigió en pontífice de la metafísica y la teología universal al afirmar que si la Constitución no establece en qué momento se concibe la vida, los estados sí pueden hacerlo, y al igual que sus tres compañeros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre y Margarita Luna Ramos, votaron por el “derecho a la vida”, con el argumento de que los estados están facultados para ampliar los derechos fundamentales.
Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que como órgano colegiado la Corte ha faltado a un deber con la nación» al avalar la ley antiaborto de Baja California, que Felipe Calderón, influyó en esa decisión. Y señaló que es una grosera intromisión en las decisiones de la Corte, y también una gran incongruencia de los ministros que votaron por esa opción.
Alberto Anaya dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), dijo por su parte que todo lo que hace la derecha es un retroceso.
El senador priista Pedro Joaquín Coldwell dijo que es una regresión que va a dar lugar a situaciones dramáticas en materia de salud pública y a criminalizar la pobreza.
El perredista Pablo Gómez dijo que el Ejecutivo siempre ha presionado a la Suprema Corte y en esta ocasión nuevamente se impuso, violando además el Estado Laico, con la complicidad de magistrados sumisos.
En este escenario los impostores José Othón Bailleres, Leonor Popócatl, Pablo Fernández del Campo y Manuel Janeiro, firmaron un desplegado como integrantes del Poder Legislativo de Puebla, usurpando la representación del Congreso poblano y le pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que preservaran “el derecho a la vida”, de la misma forma en que aprobaron en una votación conjunta los prianistas establecer la protección de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”.
