La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, así como de los nueve funcionarios y exfuncionarios acusados, junto con Rocha Moya, de delitos relacionados con narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, y también de uno de los hijos de Rocha Moya.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este viernes que desconocía sobre el caso.
Durante la conferencia de prensa matutina, una reportera preguntó sobre el hecho a la mandataria nacional, a lo que Sheinbaum respondió que “no tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso.
“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede, entonces, que pueda informar en su momento”, señaló Sheinbaum.
De acuerdo con reportes, la UIF emitió una notificación formal a las instituciones financieras del país para el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados que son acusados por narcotráfico en una corte de Nueva York.
Aunque se ha reportado que también fueron congeladas las cuentas de los hijos de Rocha Moya, fuentes señalaron que solamente se bloquearon las cuentas de uno de ellos.
El bloqueo habría sido instruido mediante el acuerdo 156/2026, mismo que fue emitido el pasado 6 de mayo y distribuido al sistema financiero nacional, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La disposición obliga a suspender operaciones y congelar activos de los involucrados dentro del sistema bancario mexicano.
La notificación fue incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), plataforma que es utilizada para alertar a instituciones financieras sobre personas sujetas a bloqueo.
A partir de la publicación, bancos y entidades financieras cuentan con un plazo de 10 días hábiles para cancelar operaciones y relaciones comerciales con los señalados.
Esto ocurre en medio de la presión ejercida por autoridades estadounidenses, mismas que solicitaron órdenes de captura con fines de extradición contra los implicados. Las acusaciones apuntan a una supuesta red de protección política, financiera y policial vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al encubrimiento de operaciones ilícitas.
