La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este miércoles en la mañanera un argumento que reencuadra el debate sobre el caso Rubén Rocha Moya: Estados Unidos ha negado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición, en todos los casos por falta de pruebas. El mismo criterio, dijo, que México aplica hoy ante la petición estadounidense.
La mandataria respondió a quienes plantean que el gobierno tiene únicamente tres opciones frente a la solicitud de Washington —extraditar de urgencia, encarcelar en México o no hacer nada— con un elemento que, aseguró, se ha omitido en el análisis público.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó.
En ese contexto reveló la existencia de los casos, aunque al inicio de su intervención mencionó 38 y posteriormente se autocorrigió: “Le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, precisando que serían 36 casos los que se presentarán públicamente la próxima semana.
Uno de los momentos más directos de la conferencia fue cuando Sheinbaum planteó el escenario inverso para ilustrar su postura sobre soberanía nacional.
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló, subrayando que la asimetría en el trato no puede ser el estándar de la relación bilateral.
La mandataria reafirmó que la posición del gobierno mexicano no es política sino constitucional: si hay pruebas suficientes en el marco del sistema penal acusatorio, se procede. Si no las hay, no se procede.
“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, añadió en referencia a sus críticos.
Al cierre de su intervención, Sheinbaum anticipó uno de los argumentos de la oposición —que el gobierno protege a Rocha Moya por ser de Morena— y lo respondió de frente.
“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo”, afirmó.
La presidenta reiteró que la defensa de la soberanía nacional, anclada en el artículo 39 constitucional, es el principio rector que guía cada decisión en este caso, por encima de cualquier cálculo político o coyuntural.
La próxima semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán el expediente completo de los 36 casos en los que Washington negó solicitudes mexicanas urgentes. Un documento que, anticipa el gobierno, podría replantear el debate sobre quién cumple y quién no con los estándares del tratado de extradición bilateral.
