El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció esta noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y tras señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el crimen organizado.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal aseguró que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”, y subrayó que su trayectoria pública respalda su actuar. Rocha Moya indicó que enfrentará el proceso legal conforme a derecho, respetando los tiempos que determinen las autoridades mexicanas.
“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, expresó el mandatario. Añadió que su decisión también busca facilitar las investigaciones en curso y garantizar transparencia.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión política y mediática, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación en la que se menciona a Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios y ex servidores públicos, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación —contenida en un documento de 34 páginas— detalla una supuesta red de corrupción que habría operado durante más de una década en Sinaloa. En el caso del gobernador, se señala una presunta cercanía con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, la cual, según el expediente, podría rastrearse desde 2021, antes de asumir el cargo.
Tras la difusión de estos señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el pasado 28 de abril recibió múltiples solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, lo que elevó la tensión diplomática y política en torno al caso.
En respuesta, Rocha Moya publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones en su contra, asegurando que carecen de fundamento y que demostrará su inocencia en el momento oportuno. “No existe prueba alguna que sustente dichas acusaciones”, sostuvo.
El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito político nacional. Legisladores de oposición han solicitado que se investigue a fondo y, en algunos casos, han planteado la posibilidad de iniciar un proceso de desafuero. Mientras tanto, aliados del gobernador han llamado a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados.
En Sinaloa, la noticia ha intensificado el debate público sobre la gobernabilidad y la seguridad en el estado, una entidad históricamente marcada por la presencia del crimen organizado. Analistas consideran que la licencia solicitada por Rocha Moya podría abrir un periodo de incertidumbre política, dependiendo de la evolución de las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
Por ahora, el Congreso local deberá resolver la solicitud de licencia y definir quién asumirá el control del Ejecutivo estatal de manera provisional. Mientras tanto, el proceso legal y las investigaciones en curso marcarán el rumbo político y judicial del caso en las próximas semanas.
