“La tecnología no es neutral: incorpora valores, intereses y relaciones de poder.”
Shoshana Zuboff
LA MAGNITUD ECONÓMICA DEL ENGAÑO: La Ingeniería Social se ha convertido en uno de los fenómenos económicos más costosos y, al mismo tiempo, más invisibles de la era digital. No se trata de ataques sofisticados contra sistemas informáticos, sino de algo mucho más elemental y peligroso, se busca, y se logra, manipular a las personas para que entreguen voluntariamente su dinero, su información o su confianza.
A nivel global, las pérdidas por fraudes digitales asociados a ingeniería social superan el billón de dólares anuales, una cifra comparable al producto interno bruto de países enteros. En Estados Unidos, los delitos en línea reportados superan los 16 mil millones de dólares al año, mientras que en México los montos reclamados por fraudes cibernéticos se cuentan en decenas de miles de millones de pesos.
Estas pérdidas no solo representan dinero robado. Arrastran costos legales, mayores primas de seguros, inversiones forzadas en ciberseguridad y una erosión profunda de la confianza. En términos económicos, la desconfianza funciona como un impuesto silencioso que pagan usuarios, empresas y gobiernos (con recursos de los contribuyentes, impuesto disfrazado).
DIGITALIZACIÓN FORZADA, EFICIENCIA SIN JUSTICIA: La digitalización fue presentada como sinónimo de progreso, ofrece menos filas, menos papel, mayor rapidez y menores costos. Desde el punto de vista administrativo, el argumento parece irrefutable, digitalizar es más eficiente.
El problema comienza cuando la digitalización deja de ser una opción y se convierte en una obligación. Hoy, para cobrar una pensión, realizar un trámite o acceder a servicios financieros, millones de personas se ven forzadas a usar plataformas digitales aunque no se sientan capacitadas, seguras o cómodas o aunque el fraude esté latente y se haga patente al menor sonido de un click.
Autores como Cass Sunstein han advertido que los sistemas pueden empujar decisiones sin que los usuarios tengan plena conciencia. En el entorno digital, esta lógica se agrava: las mismas interfaces que facilitan el uso para el ciudadano honesto facilitan también el engaño profesional.La paradoja es evidente, el sistema parece eficiente, pero traslada el riesgo al individuo.
PROGRESO CON CONTRASEÑA: Antes, para robar, alguien tenía que romper una puerta. Hoy basta con un mensaje bien escrito, un logotipo correcto y un “click aquí para evitar el bloqueo de su cuenta”.
Nos prometieron que la tecnología nos daría libertad, pero ahora, para ejercer derechos básicos, primero hay que aceptar términos y condiciones que nadie lee (¿usted ya lo hizo?) pero que si no acepta queda automáticamente marginado, crear contraseñas imposibles y confiar en no caer en una plataforma falsa.
El progreso no debería exigir fe ciega ni convertir a la víctima en culpable. Digitalizar sin protección no es modernidad, es asimetría de poder con diseño elegante. Lo más grave es que en el mundo digital hay siempre la posibilidad de rastrear origen, trayecto y destino, solo que a los defraudadores se les protegen “misteriosamente” números telefónicos, ID cibernéticos y cuentas bancarias de destino. Curioso mundo es este.
La economía del engaño es real y ciertamente alarmante, en el mundo se cuantifican más de un billón de dólares anuales en fraudes digitales, el equivalente a la deuda de Pemex, para dimensionar la cifra. Nuestro socio comercial (con alfileres), Estados Unidos, reporta más de 16 mil millones de dólares al año y se estiman 20 mil millones de dólares para 2026. México no canta mal las rancheras, más de 25 mil millones de pesos reclamados en 2025 y, por supuesto, romperemos el récord en el año que corre, ¡faltaba más!
Los políticos, los tecnócratas, ignoran que el verdadero progreso no consiste en obligar a todos a usar tecnología, sino en garantizar que nadie quede indefenso frente a ella. La digitalización no nació para excluir… nació para reducir costos
Desde la lógica económica, gobiernos, bancos y empresas empujan la digitalización porque reduce costos operativos, acelera transacciones, permite trazabilidad (que se ignora si usted es defraudado desde una cárcel que en rigor no debería de permitir la presencia de medios para seguir delinquiendo), disminuye errores humanos y amplía cobertura de servicios
En términos macroeconómicos Digitalizar debería de generar menos fricción y mayor productividad, pero el problema aparece cuando eficiencia no contempla la inclusión. ¿Puede la digitalización forzada rozar derechos humanos? Sí, el debate es real en tres dimensiones:
Derecho a la igualdad de acceso. Se violan derechos humanos cuando se exigen trámites públicos que solo existen en línea, cuando los bancos y otras instituciones eliminan la atención presencial y cuando los servicios exigen aplicaciones obligatorias. Y la exclusión es muy clara, as personas que no usan tecnología quedan en desventaja.
Esto genera exclusión financiera, barreras de acceso a servicios públicos y discriminación indirecta por edad, gustos o preferencias, educación o condición económica
Muchas personas no desean usar tecnología, no confían en sistemas digitales y/o prefieren interacción humana. Obligar la digitalización puede interpretarse comolimitación de la libertad de elección
Pero lo más grave es que el entorno digital, como opera actualmente, incrementa el riesgo de fraude, expone a vulnerabilidades y no garantiza una protección efectiva. El ciudadano podría argumentar que se le está forzando a un sistema menos seguro para su perfil, lo que implica la pérdida de legitimidad social. En economía institucional la eficiencia sin legitimidad no es sostenible.
DE FONDO
En este sentido, el sector más vulnerable es el que aglutina a los adultos mayores. Los adultos mayores enfrentanmenor alfabetización digital, mayor riesgo de ingeniería social, preferencia por contacto humano y, sin duda, estrés ante cambios tecnológicos. Entonces forzar digitalización sin acompañamiento se convierte -ya es- en exclusión funcional.
DE FORMA
Así como adoptamos las “malas prácticas” digitales, sería bueno seguir el ejemplo de varios países que ya reconocenel derecho a la atención presencial, la necesidad de canales alternativos y, sobre todo, el respeto al principio de accesibilidad universal. Esto no es anti-tecnología, es pro-inclusión y respeto a la libertad de elección.
Desgraciadamente, en México estamos más preocupados en perseguir al conductor de un tren descarrillado que en generar un “derecho a no digitalizarse” explícito universal, pero fuera de cualquier agenda legislativa pues se perdería el control sobre posibles votantes.
DEFORME
Nos prometieron que la tecnología nos daría libertad, pero para ejercer nuestros derechos, primero debemos aceptar términos y condiciones y someter nuestros celulares a una obscura y tenebrosa fiscalización. El verdadero progreso es tecnología con opción humana, pero en México, como en Cuba o Nicaragua, el humanismo es más discurso cansino que acción necesaria.
