Frente a los desafíos que plantea la actual crisis hídrica en nuestro país y en nuestro estado, la Asamblea Social del Agua, ASA, a partir de nuestro que hacer como espacio ciudadano que nace en 2013 para enfrentar el proceso de privatización del agua, que ha traído graves impactos sociales y ambientales y en detrimento del Derecho Humano al agua, que se inscribe en el espíritu privatizador de la Ley de Aguas Nacionales, LAN, publicada el 1º de diciembre de 1992; instrumento neoliberal, con el cual se establecen todas las facilidades a la iniciativa privada y en especial a las transnacionales, para la entrega del agua, bien común y cultural, vía concesiones, otorgadas indiscriminadamente, demandamos la urgente necesidad de que la actual LXIV legislatura federal antes de terminar su periodo apruebe una nueva Ley General de Aguas que nuestro país necesita, lo que requiere de un periodo extraordinario de sesiones ya!!
En este contexto saludamos la sensibilidad y la accesibilidad del Diputado Moises Ignacio Mier Velazco, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a nivel federal para reunirse en próximos días con la Coordinadora Nacional, Agua para Todxs, Agua para la vida, de la cual somos parte y abordar este urgente tema, para lo cual hicimos la gestión y estaremos informando.
Argumentando nuestra demanda, es importante recordar que el 8 de febrero de 2012, se publica en el DOF, la reforma al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que la satisfacción del derecho al agua implicaba el deber de definir “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía”. instruyendo en su Transitorio Segundo: Se faculta al Congreso de la Unión para que, en un plazo no superior a 12 meses, contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, emita una nueva Ley de Aguas Nacionales, en la que ordene las competencias necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental al agua. Por ello, en un contexto de crisis hídrica y climática global, realmente es urgente contar con un régimen jurídico que salvaguarde, la naturaleza, pueblos y ecosistemas, garantizando un uso sustentable del líquido vital como un bien común, un sujeto de derechos y derecho humano; en consecuencia, nos unimos al llamado nacional urgente para emitir a la brevedad posible una Nueva Ley General de Aguas, que garantice la regeneración del Agua en su ciclo natural y que priorice a los pueblos indígenas y a los Comités y Sistemas Locales de Agua.
Es el caso, que a la fecha, no se ha cumplido con el mandato constitucional, siendo el caso, que desde el 4 de febrero de 2020, se entregó la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua, a ambas Cámaras del Congreso Federal y que, se consensó con diversas iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios, en los trabajos de dictaminación de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados, sólo que, por causas desconocidas, no hubo el dictamen final, para ser llevado al pleno de la LXIV Legislatura, por lo cual se cuenta con todos los insumos para promover y aprobar desde ya una nueva Ley General de Aguas. Para el país y para Puebla, como otros cuatro estados de la República es urgente una nueva ley que impulse a la brevedad procesos de desprivatización de los servicios de agua potable que violan cotidianamente el derecho humano al agua en detrimento de la salud y la calidad de vida de la ciudadania y de la naturaleza.
