Washington.- Una jueza federal bloqueó una orden del fiscal general estadounidense, William Barr, mediante la cual se permitía la detención indefinida de ciertos solicitantes de asilo.
La magistrada Marsha Pechman, del estado de Washington, escribió que era ‘inconstitucional’ denegar a los solicitantes de asilo una audiencia de fianza mientras esperan que se procesen sus peticiones, reportó la publicación The Hill.
Pechman había emitido anteriormente una decisión preliminar en la cual determinó que los solicitantes de asilo, a quienes se les fija una audiencia en sus procedimientos, deben ser liberados dentro de los siete días posteriores a la concesión de dicha comparecencia.
La administración de Donald Trump le pidió a la jueza que desestimara ese fallo previo, después de que Barr emitió su nueva orden de asilo, pero la magistrada rechazó la solicitud en su resolución de este martes.
En abril pasado el fiscal general determinó que los solicitantes de asilo detenidos que hayan demostrado temor creíble de volver a su país de origen ya no podrían solicitar a un juez de inmigración que les otorgara libertad bajo fianza.
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Proyecto del Noroeste para los Derechos del Inmigrante entablaron demandas con el fin de bloquear esa política, la cual estaba programada para aplicarse a partir del 15 de julio.
Los demandantes apuntaron que durante los últimos 50 años el Gobierno norteamericano les ha dado a esas personas la posibilidad de participar en audiencias de fianza ante jueces migratorios, en las cuales pueden solicitar su libertad al decir que no representan una amenaza para la sociedad ni pretenden escapar.
Eso les brinda una oportunidad para reunirse con familiares en Estados Unidos y encontrar abogados que lleven sus casos, lo cual incrementa las posibilidades de éxito, señalaron ante el tribunal esos grupos, citados por la agencia Associated Press.
De entrar en vigor la orden de Barr, se habría puesto fin a esa práctica, y de 15 mil a 40 mil inmigrantes tendrían que permanecer bajo custodia por seis meses o más sin que el Gobierno debiera demostrar que sus detenciones estaban justificadas, en violación a su derecho al debido proceso, señalaron.
Mediante su sentencia, Pechman señaló que el Gobierno debe otorgar audiencias de fianza en un lapso no mayor a siete días a cualquier inmigrante que haya demostrado temor creíble de persecución o tortura en caso de volver a su país, y de no darse tal comparecencia en ese tiempo, deben ser liberados.
