Un tema que parece estar durmiendo el sueño de los justos luego de las eventualidades del 24 de diciembre y la descomposición del grupo que gobernaba Puebla, es el del espionaje político denunciado en su tiempo por el ex agente del Cisen Rodolfo Raúl González Vázquez, quien reveló importantes datos que relacionaban a funcionarios del morenovallismo con la violación de la intimidad de quienes eran considerados enemigos del régimen.
Las denuncias por espionaje y amenazas presentadas por Jorge Estefan, Alejandro Armenta y otros, fueron resueltas por la PGR cuando Rafael Moreno Valle tenía facturas pendientes de cobro al presidente Peña Nieto. Por tanto, quedaron sin efecto.
Pero una nueva investigación podría, o debería, mejor dicho, iniciarse en consecuencia de que los equipos de tecnología y software de Galileo y Pegasus, hubieran sido pagados con dinero público y por tanto deben ser presentados en la entrega-recepción de las dependencias que los controlan, Gobernación o Seguridad.
El tema anda rondando los pasillos de algunos diputados preocupados porque el espionaje se siga practicando con esos equipos en manos de exfuncionarios que ahora ven acotado su poder político y en riesgo su futuro y su fortuna económica.
Muchos se preguntan quién tiene los equipos, dónde fueron a parar y algunos más, qué es de los jefes encargados de su utilización, ¿acaso han sido llamados a cuentas, se sabe de sus actividades o se han cancelado las investigaciones?
Es que, ante la llegada del proceso electoral, los operadores del trabajo de tierra se cuestionan si habrá o no intervención de esas fuerzas ocultas que el año pasado operaron para hacer un fraude electoral en Puebla.
Quizá sea bueno destapar esta cloaca.
O por lo menos, así me lo parece.
