Con el fin de brindar atención integral ante casos de violencia familiar, la Fiscalía de Puebla toma acciones a través de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, destacó el titular del área, Ulises Sandal Ramos Koprivitza.
Ahondó que con los medios de prueba aportados por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, la Fiscalía judicializó la carpeta investigación y el Juez de Control vinculó a proceso a Saúl N., por haber golpeado a su esposa Jovita provocándole múltiples lesiones.
La Fiscalía ha dado seguimiento a la agresión ocurrida el 1 de noviembre de 2017 en la capital poblana. En coordinación con la defensa del imputado y con anuencia informada de la víctima, se estableció un plan integral de reparación del daño que incluye, como un hecho sin precedentes, la entrega de un inmueble para uso de casa habitación a favor de la afectada y también se estableció un pago en efectivo para cubrir gastos.
Además como medida de no repetición, el imputado bajo supervisión judicial, se sometió por un término no menor a 18 meses a: residir en un lugar distinto al domicilio de la víctima y no frecuentarla; estar bajo tratamiento psicológico, firmar periódicamente ante el Juez de Control, pagar deberes de deudor alimentario y convivir con su menor hijo dos veces por semana.
Además de lo alcanzado en este caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha favorecido que se dicten medidas de protección para que víctimas y familiares recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o acciones de agresores.
Las medidas de protección dictadas, se han duplicado, ya que de enero a marzo de 2019, la Fiscalía General de Puebla registró 1,105 mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 544.
Otra acción relevante en cuanto al seguimiento de las indagatorias, es que también se triplicó el número de Carpetas de Investigación judicializadas por el delito de violencia familiar, al pasar de 16 en 2018 a 51 en el año actual.
La Fiscalía General del Estado de Puebla privilegia que exista el seguimiento jurídico y la protección de personas que son violentadas en el seno familiar.
