El gobernador Tony Gali implementó, desde el inicio de su administración, una política de austeridad en el uso de aeronaves, sin embargo ha privilegiado que se ocupen en actividades de carácter público para beneficio directo de las familias poblanas.
De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, el 73 por ciento de los vuelos de la administración 2017-2018 corresponde a acciones de seguridad pública y de apoyo inmediato a la ciudadanía.
En este sentido, se ha reforzado el patrullaje aéreo disuasivo en zonas bancarias, escolares y residenciales, se incrementaron los operativos especiales nocturnos, se ha intervenido oportunamente en dispositivos contra el robo de combustible y de transporte ferroviario.
De manera paralela se ha logrado el rastreo efectivo de personas y vehículos relacionados con hechos delictivos, se han realizado vuelos al interior del estado a través del operativo Escudo Zaragoza, bajo una estrecha cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PF) y Secretaría de la Marina (SEMAR).
En tanto, la ambulancia aérea ha permitido el traslado de órganos, traspaso de pacientes de un hospital a otro, atención inmediata de accidentes y servicio para casos de alto riesgo de mujeres embarazadas y adultos mayores.
En materia de Protección Civil se ha colaborado en la búsqueda de personas extraviadas en lugares inaccesibles o de alta montaña, se ha coadyuvado con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la extinción de incendios y se ha otorgado apoyo en contingencias ambientales como deslaves, inundaciones o sismos.
Únicamente un 27 por ciento de los vuelos en helicóptero corresponde al traslado de personal con fines estrictamente institucionales como las giras de trabajo del Ejecutivo y recorridos de atención ante contingencias naturales.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría ejerce un monitoreo permanente sobre la utilización de las aeronaves para garantizar que se ocupen responsablemente.
Tony Gali reiteró que su compromiso es con el bien común y que los recursos públicos se destinan en actividades de alto impacto social.
