Washington.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el permiso concedido por él a la compañía TransCanada para construir el polémico oleoducto Keystone XL, rechazado por el gobierno de su antecesor, Barack Obama.
A juicio del jefe de Estado, esa autorización abre una nueva era en la política energética de su nación y reducirá la dependencia de petróleo extranjero.
Sin embargo, la organización medioambientalista Greenpeace, uno de los detractores más enérgicos del oleoducto, apuntó que Estados Unidos ha enviado al mundo una señal de que retrocede en materia de clima y energía, y prometió seguir combatiendo la iniciativa.
Este es un gran día para los trabajadores estadounidenses, consideró Trump junto al presidente de TransCanada, Russ Girling, en el despacho Oval de la Casa Blanca.
Va a ser un oleoducto increíble, la mayor tecnología conocida por el hombre, y francamente estamos muy orgullosos de ello, recalcó el mandatario.
La tubería fue motivo de numerosas protestas durante el gobierno de Obama, quien en noviembre de 2015 rechazó la solicitud para construirla al argumentar que perjudicaría la posición de Estados Unidos en el mundo como líder en la lucha contra el cambio climático.
Desde su campaña electoral, Trump se presentó dispuesto a eliminar muchas políticas relacionadas con ese fenómeno, del cual llegó a negar la existencia, y se mostró a favor de privilegiar la industria de los hidrocarburos.
Una de sus primeras órdenes ejecutivas fue precisamente revivir los proyectos del Keystone XL y de otro similar, el Dakota Access, que también había sido frenado en la anterior administración.
El oleoducto que recibió este viernes luz verde conducirá 830 mil barriles diarios de crudo sintético y bituminoso diluido por un tramo de mil 400 kilómetros desde Alberta, Canadá, hasta el estado norteamericano de Nebraska, y a partir de ahí se transportará por líneas existentes hasta la costa del golfo de México.
Mientras tanto, activistas y terratenientes de Nebraska se preparan para continuar luchando contra el proyecto de ocho mil millones de dólares, mediante presiones al legislativo local para que no avale el paso de la tubería.
