El día de ayer la Senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para incorporar la perspectiva de género en la investigación y perspecución de delitos contra las mujeres.
Esto, al considerar que el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia implica que la autoridad encargada de impartir justicia actúe con perspectiva de género, para evitar que afecten argumentos estereotipados o indiferentes, o con acciones que las conviertan en víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades ministeriales.
Ejemplo de ello, señaló la Senadora Saldaña, es que en el país se interponen casi 15,000 denuncias por violación al año, a las cuales no corresponde una cantidad similar de averiguaciones previas que hayan concluido con la detención del presunto culpable y, eventualmente, con una sentencia condenatoria.
De acuerdo a la iniciativa presentada por la Senadora Saldaña, en el caso de las mujeres víctimas de violencia concurren variables que las llegan a poner en desventaja en ocasiones, como puede ser su origen, contexto, cultura y estatus social, lo que implica reconocer los factores que, además de las razones de género, afectan la vigencia de sus derechos humanos.
Por ello, señala Saldaña, “es necesario establecer la obligación del Ministerio Público de investigar los delitos en contra de las mujeres con perspectiva de género, desde que tome conocimiento de los hechos”.
Por tal motivo, la iniciativa contempla la implementación al interior de las agencias del Ministerio Público de acciones que excluyan roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, a través de metodologías y mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
La iniciativa igualmente estipula la obligación del Ministerio Público de buscar la reparación integral del daño con el conocimiento y base de la perspectiva de género, así como establecer como causa de responsabilidad grave su incumplimiento por parte de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, es decir, que ahora procederá como sanción la remoción de dicho personal sustantivo.
