México.-Familiares de los 42 normalistas desaparecidos en Iguala pidieron al Senado mexicano la cancelación de elecciones en el estado de Guerrero el próximo año, «pues no existen las condiciones para celebrar comicios».
Durante una reunión en la Cámara alta la víspera, los padres de los 42 alumnos desaparecidos entregaron un pliego petitorio, en que también solicitaron la anulación de poderes en el estado de Guerrero porque «hay muchos municipios infiltrados por el crimen organizado».
Demandaron que la Procuraduría General de la República abra nuevas líneas de investigación a fin de incluir al ejército y al gobierno de la entidad, y que el Estado mexicano autorice al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intervenir en el caso.
Requirieron que se les firmaran el documento y dijeron que los senadores se habían mostrado insensibles ante los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala, donde policías locales asesinaron a siete personas y continúan desaparecidos 42 estudiantes normalistas.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de esas víctimas, pidió la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada, para castigar a quienes provocaron esta masacre, la cual califico de «crimen de Estado».
Tras el encuentro Miguel Barbosa, presidente del Senado, propuso entregar las peticiones a los coordinadores parlamentarios, subirlo a Gaceta Parlamentaria para conocimiento general y hoy dar cuenta del documento al Pleno.
Señaló que exigirán a la Procuraduría General de la República el esclarecimiento inmediato de los hechos, que podrán cuidado en que quienes determinen todas las pruebas periciales, como lo han pedido, sean expertos científicos extranjeros.
Igualmente harán desde el Senado esa petición al Comité de Desaparecidos de la ONU, analizarán cada uno de los hechos y, «en el ámbito de nuestra competencia parlamentaria, haremos las recomendaciones correspondientes».
Por último, indicó que familiares de las víctimas exigen justicia, determinación de responsabilidades políticas y personales de todo aquel que esté vinculado con los hechos, «y el Senado se ha pronunciado así y compartimos esa posición».
