México.- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado mexicano anunció hoy un plan de acción de 10 puntos contra la reforma energética, que incluye la convocatoria a movilizaciones ciudadanas.
El coordinador de la fuerza de izquierda en esa instancia legislativa, Miguel Barbosa, leyó este martes el documento que contiene un llamado a la población para participar en una protesta nacional el próximo 16 de septiembre.
Se convoca a expresar el rechazo a la privatización de nuestros recursos energéticos en plazas, calles, centros de trabajo, escuelas, edificios públicos, cuarteles de policía, zonas militares, instalaciones petroleras y de electricidad, y oficinas de gobierno, señala el texto.
El programa presentado por los senadores perredistas también apunta que las reformas promulgadas ayer son ilegítimas, en tanto no reciban la ratificación en una consulta popular mediante el voto libre y directo de los ciudadanos.
Al mismo tiempo, agrega el plan, apoyaremos la lucha de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa, que sean despedidos o afectados en sus derechos laborales como consecuencia de la aplicación de estas reformas.
De acuerdo con el partido, junto con las organizaciones campesinas, comunidades agrícolas y pueblos indígenas se opondrá al despojo de tierras a raíz de la privatización energética.
Rechazamos cualquier daño ambiental producido por las técnicas para la extracción de hidrocarburos, particularmente de la llamada fractura hidráulica o fracking, expresa el documento.
En su posicionamiento, el PRD ratifica que continuará reuniendo firmas para realizar una consulta popular a mediados de 2015 y expresa el compromiso de denunciar cada hecho de corrupción, opacidad o malversación de fondos derivado de la iniciativa que permite la participación privada en la industria energética.
Ante los posibles despidos de trabajadores, despojos de tierras y daño ambiental, nuestro grupo parlamentario pondrá en breve a disposición de la ciudadanía un equipo jurídico y de especialistas para atender las demandas de la población, concluye el texto.
