México. Con la participación de 342 diputados y 87 senadores se instaló en México el Congreso General que funcionará durante un periodo extraordinario de sesiones encaminado a analizar las leyes secundarias en materia político-electoral.
En el Palacio de San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, ordenó la lectura del oficio remitido por la Comisión Permanente, según el cual en esta etapa el Senado debatirá la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos.
La Cámara alta también estará encargada de que asuman sus cargos los siete comisionados que integrarán el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Por su parte, la Cámara baja resolverá el dictamen con proyecto de decreto que modifica el artículo 41 de la carta magna y expide la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Del mismo modo, atenderá el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se reelige al contralor general del Instituto Nacional Electoral, y discutirá las minutas remitidas por el Senado y acuerdos de los órganos de Gobierno.
La convocatoria que aprobó la Comisión Permanente establece que en este periodo extraordinario solo podrán tratarse los temas incluidos en la agenda, y que cada instancia convocará a sesión y clausura, pues el plazo se dejó abierto a las fechas consideradas pertinentes.
Durante esta etapa se reglamentará la reforma constitucional promulgada en febrero pasado, necesaria para que puedan organizarse los comicios de mediados de 2015, cuando se renovará a nivel federal la Cámara de Diputados y habrá elecciones en 17 estados del país.
Según declaraciones de varios parlamentarios, los principales partidos políticos ya han alcanzado acuerdos en temas como las candidaturas comunes; el financiamiento público-privado; el recuento de votos y el modelo de comunicación.
Pero medios de prensa refieren que aún hay al menos dos aspectos en los que persisten las diferencias: la forma en la que se calculará el porcentaje de diputaciones para cada partido en los congresos locales y el acceso de los candidatos a medios electrónicos.
Las leyes secundarias de la reforma político-electoral, que modificó 30 artículos de la constitución, debían haber quedado aprobadas antes del 30 de abril pasado, pero la falta de consenso entre las principales fuerzas parlamentarias retrasó ese proceso.
